En la política, todo cuanto sucede tiene una causa originaria que lo explica. Lo mismo ocurre con las consecuencias de las decisiones que se toman, que generalmente resultan de lo más previsibles, ya que por desgracia suelen ser el fruto de la terca repetición, una y otra vez, de errores manifiestos cometidos anteriormente.
Tal acontece en España con los asuntos referidos al nacionalismo, ideología cuyo alfa y omega estratégico no es otro que el de alcanzar la independencia de sus territorios, un propósito que, por lo demás, jamás han ocultado.
Y este elemental axioma introductorio resulta de lo más evidente en el asunto de los indultos, concedidos por el Gobierno a los dirigentes nacionalistas catalanes, que fueron condenados nada menos que por la comisión de los delitos de sedición, malversación y desobediencia, al llevar a cabo un intento de golpe de Estado, el pasado 1 de octubre de 2017. Los reos hoy indultados delinquieron gravemente contra el ordenamiento constitucional que, por cierto, los ciudadanos catalanes habían aprobado abrumadoramente en su días con más del 90% de los votos favorables. Una Constitución, conviene recordar, que permitió a Cataluña, al igual que al resto de territorios españoles, gozar del mayor nivel de autogobierno y autonomía de su historia, con un reconocimiento pleno de todas sus singularidades culturales, lingüísticas, jurídicas y políticas. Pero, como ha sucedido siempre, el esfuerzo de reconciliación, integración y tolerancia que generosamente ha representado la Constitución, para el nacionalismo catalán ha resultado baldío. Desde el comienzo de la autonomía, los nacionalistas han planificado una secesión a plazos. Su estilo político es la insatisfacción constante y la reivindicación permanente. Lo sucesivamente obtenido no tiene más valor que la devolución de lo debido y, para ellos, siempre ha sido menos importante lo logrado que lo que todavía queda por alcanzar, como ocurre con los consabidos indultos, que ya han sido amortizados por sus inmediatos beneficiarios, incluso antes de su concesión, toda vez que no se han cansado de airear que su demanda es la amnistía y un referéndum de autogobierno.
Sorprende y roza el escarnio que, como motivación política para fundamentar la decisión de indultar a unos golpistas contumaces, se apele al diálogo, a la generosidad y a la necesidad del reencuentro, virtudes todas ellas que, precisamente, los gobernantes nacionalistas en Cataluña han negado a los catalanes no nacionalistas, que sufren las situaciones de intolerancia y exclusión, a las que con sus leyes identitarias los ha condenado el fundamentalismo independentista.
Además de un agravio para al menos más de la mitad de la población de Cataluña que se declara constitucionalista, constituyen un craso error político reconocer como únicos interlocutores del Gobierno a los políticos independentistas, los mismo que arbitrariamente se arrogan en exclusiva la representación de toda Cataluña y que, con su presencia en la mesa del diálogo, ven así legitimada su naturaleza y condición excluyente de todo lo que no sea nacionalismo.
Los indultos ponen en entredicho el ordenamiento jurídico español, abren un notorio conflicto de poderes, amén de desautorizar la sentencia de la más alta instancia de la judicatura española, el Tribunal Supremo. Pero lo más grave es que, con esta decisión, se reconoce tácitamente la validez de la argumentación que en el exterior han propalado los independentistas, descalificando a la justicia y a las leyes españolas. Los indultos en nada van a cambiar los propósitos de los nacionalistas que salen reforzados y ganan tiempo. La Historia, además, nos demuestra fehacientemente que nunca indultos y concesiones constitucionales movieron un ápice a los independentistas de sus propósitos, rupturistas. Y entonces, ¿por qué?
Lo cierto y lo que se oculta es que los indultos son simplemente un capítulo más del pacto de gobernabilidad que busca garantizar la continuidad en el poder a la actual mayoría parlamentaria, para sí cumplir sus objetivos de reformar, cuando no derogar, la vigente Constitución, a la vez que sin pausa y con algo de prisa, ley a ley, nos van imponiendo un nuevo modelo de sociedad ajustado a sus principios ideológicos.
Y, como decían Tip y Coll, otro día hablaremos de la muy desafortunada nota de los obispos catalanes, en la que nada menos que ponen en entredicho la legitimidad de las leyes, a la vez que, identificados con las tesis del Gobierno, tan solo reclaman el diálogo y la generosidad para la mitad de Cataluña. ¡Setién revivido!
