El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado un plan de reinserción que afectará a los presos de ETA. Lo ha hecho 24 horas después de haber reconocido en el Congreso de los Diputados que en materia de seguridad y de combate contra la criminalidad la herencia socialista 'ha sido buena'. Sobre la primera iniciativa, la vicesecretaria del PSOE, Elena Valenciano, ha dicho que en la lucha antiterrorista su partido estará al lado del Gobierno. El reconocimiento del ministro a la gestión de su predecesor y el cierre de filas del principal partido de la oposición en materia tan sensible son dos buenas noticias que no deben pasar inadvertidas.
A falta de concreción, el ministro del Interior ha esbozado un plan global que buscaría la reinserción de presos etarras mediante un procedimiento gradual e individualizado que pasaría por dos fases: una primera, el acercamiento de presos a las cárceles vascas -tan legal y legítimo como la estrategia de la dispersión-, y una segunda en la que éstos podrían obtener beneficios penitenciarios. Para la primera fase se exigirá que el terrorista manifieste su voluntad de dejar ETA de una manera 'clara, solemne y pública'. Para acceder a los beneficios penitenciarios el recluso deberá cumplir el resto de los requisitos marcados por la ley. El paso más significativo es que para poner en marcha el proceso ya no se exige la previa disolución de la banda terrorista, sino la renuncia individual, de la misma manera que el proceso posterior también estará vinculado a su historial criminal.
La reinserción de los presos de ETA es un asunto espinoso que toca fibras muy sensibles, aunque lo contemple la Constitución. Así ha quedado patente en los primeros encuentros propiciados entre víctimas y asesinos que no siempre han sido comprendidos por sus respectivos entornos. La actual iniciativa del gobierno también levantará ampollas entre quienes la consideren insuficiente y quienes crean que con ella se está yendo demasiado lejos, traicionando la memoria de los muertos, como tuvo que escuchar en su día el ex presidente Zapatero en el Congreso de los Diputados cuando emprendió el camino de un final dialogado del terrorismo. Seguramente una y otra reacción serán inevitables. Pero mientras el camino emprendido se desenvuelva en los límites de la legalidad y del consenso político que nunca debió romperse en esta materia, puede darse por bueno.
