La comisión permanente del CGPJ ha decidido sacar a concurso la plaza que el juez Pablo Ruz ocupa en comisión de servicio en la Audiencia Nacional. Eso supone que podrá seguir instruyendo los casos sensibles que tiene entre manos desde hace más de cuatro años, como la trama Gürtel y los papeles de Bárcenas, pero sólo hasta marzo. A partir de entonces podría seguir como juez de apoyo siempre que él lo pida y al nuevo magistrado titular le parezca bien.
El CGPJ tenía otras soluciones posibles porque la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene resquicios suficientes que habrían permitido a Ruz seguir con su trabajo que, por otra parte, ha sido calificado de "excelente" por el propio gobierno de los jueces. Así que si el sentido común señalaba la continuidad del juez, su apartamiento legítimamente puede ser interpretado como una maniobra para dilatar procedimientos incómodos para el partido de gobierno.
Porque si Ruz decide no aceptar su degradación a juez de apoyo o si el próximo titular decide que se basta para instruir los suculentos asuntos pendientes, necesitaría muchísimo tiempo sólo para ponerse al tanto de instrucciones tan voluminosas antes de continuar los procedimientos. Un parón que casa mal con la lógica de la justicia y que contradice la voluntad expresada por Rajoy en el Congreso y plasmada en el proyecto de reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal que fija límites para la instrucción de causas complejas. Es una paradoja incomprensible que mientras se promete agilizar los procedimientos anticorrupción se adopten decisiones que puedan dilatar algunas causas que tocan directamente al partido de Mariano Rajoy, oh casualidad, más allá de los límites de la actual legislatura.
