Me dicen que la señora ministra de Empleo aconseja denunciar las prácticas incívicas y delictivas que detectamos en nuestros convecinos. Con ello pretende combatir más eficazmente el fraude perpetrado contra los dineros públicos. Además (esto es demasiado fuerte para creerlo), garantiza, mediante no sé qué método, el anonimato del denunciante. De ser ello cierto, no cabe más que decir 'Non decet', no es decente.
Los ciudadanos normales esperamos que estas cosas caigan bajo el control absoluto del Estado. Es el Estado el único ente capacitado legítimamente para meter en vereda a esta lacra de defraudadores. Y no sólo a los de a pie y menor estofa, sino principalmente a los de alto copete que, en definitiva, son los grandes depredadores.
¿Para qué están los inspectores de Hacienda y demás organismos encargados de velar por el erario? El Gobierno no puede descargar sus obligaciones en la sociedad que dirige.
O sea, que a delatar al vecino y a mirarnos todos de reojo. Por este camino crearíamos una sociedad basada en la desconfianza mutua.
No lo duden, si las prácticas de delación anónima llegasen a prosperar, estaríamos abocados a vivir en un auténtico infierno.
