Cuando los bancos y cajas de ahorro concedieron créditos e hipotecas, no lo hicieron movidos por un loable acto de liberalidad humana, ni tampoco por un arrebato de amor evangélico. Procedieron así pensando en el lucro, que para eso están. En principio esto es legítimo. Ahora bien, al poco tiempo vino lo que vino, y en estos tiempos de tribulación muchos ciudadanos y familias enteras no pueden hacer frente a las obligaciones contraídas.
¿Qué hacen las entidades de crédito para poder cobrar lo que les adeudan? No lo dudan ni un momento: echan mano de una vetusta ley de 1909 y proceden al desahucio. De esta manera asistimos a diario al vergonzoso espectáculo (vergonzoso y dramático), de familias enteras arrojadas a la calle sin consideración alguna. E aínda máis, no sólo pierden el piso, sino que siguen obligadas a saldar lo que resta de la deuda.
El Gobierno de España no puede seguir con los brazos cruzados. Sus buenos consejos a los bancos respecto a este drama apenas dieron resultado. Se impone parar en seco estas actuaciones tan draconianas. El Gobierno puede garantizar a las entidades de crédito sus legítimos derechos, pero no de esta manera.
