El principio, y obligación, de la buena administración pública, vincula la forma en que se deben dirigir las instituciones públicas en una democracia avanzada. Dirigir en el marco de la buena administración pública supone asumir con radicalidad que existe y se justifica en la medida en que sirve objetivamente al interés general. Desde esta perspectiva se comprende en todo su sentido que la efectividad de los derechos sociales fundamentales es precisamente una de las obligaciones más relevantes de una administración pública en tiempos de crisis como los que vivimos.
Las instituciones públicas en la democracia no son de propiedad de sus dirigentes, son del pueblo que es el titular de la soberanía. El responsable tiene que saber, y practicar, que ha de rendir cuentas continuamente a la ciudadanía y que la búsqueda de la calidad en el servicio objetivo al interés general debe presidir toda su actuación. De ahí que una buena administración pública es incompatible con una forma de gobierno y administración de lo público que promueva o instaure peores condiciones de vida para las personas en beneficio de determinadas minorías.
Hoy es frecuente que las nuevas constituciones en los diferentes países del globo incorporen como nuevo derecho fundamental el derecho a la buena administración pública. Por una poderosa razón: porque la razón de ser del Estado y de la administración es la persona, la protección y promoción de la dignidad humana y de todos sus derechos fundamentales. También, como es lógico, y hoy más perentorio, la protección y promoción de todos y cada uno de los derechos sociales fundamentales, especialmente los que llamamos de mínimos.
En el presente, momento de profunda crisis en tantos sentidos, la indignación reinante en los pueblos de tantos países también se canaliza hacia la exigencia de una buena administración pública que trabaje sobre la realidad, desde la racionalidad y, centrada en el ser humano, actúe con mentalidad abierta, buscando el entendimiento haciendo gala de una profunda sensibilidad social.
La buena administración pública, más en tiempos de crisis, ha de estar comprometida radicalmente con la mejora de las condiciones de vida de las personas, ha de estar orientada a facilitar la libertad solidaria de los ciudadanos. Para ello es menester que su trabajo se centre sobre los problemas reales de la ciudadanía y procuren buscar las soluciones escuchando a los sectores implicados. En materia de derechos sociales fundamentales, una buena administración es capital para facilitar los medios en que ordinariamente vinculan a los Poderes públicos en esta materia y que hemos analizado anteriormente.
La buena administración pública tiene mucho que ver con la adecuada preparación de las personas que dirigen en los organismos públicos. Deben tener mentalidad abierta, metodología del entendimiento y sensibilidad social. Deben trabajar sobre la realidad, utilizar la razón y contemplar los problemas colectivos desde perspectivas de equilibrio para ser capaces de entender dichos problemas y contemplar la pluralidad de enfoques y dimensiones que encierran situando en el centro al ser humano y sus derechos inviolables. Si así fuera, sería más sencillo que las políticas públicas conectadas a estos derechos fundamentales de la persona siempre se orientarán hacia la mejora integral y permanente de las condiciones de vida de todos los seres humanos.
La dimensión ética incorpora un componente esencial a la buena administración: el servicio objetivo al interés general, que ha de caracterizar, siempre y en todo caso, la acción administrativa y la impronta directiva de los responsables de las políticas públicas vinculadas a los derechos sociales fundamentales.
Una buena administración pública es aquella que cumple con las funciones que le son propias en democracia. Es decir, una administración pública que sirve objetivamente a la ciudadanía, que realiza su trabajo con racionalidad, justificando sus actuaciones y que se orienta continuamente al interés general. Un interés general que en el Estado social y democrático de D¡derecho reside en la mejora permanente e integral de las condiciones de vida de las personas. ¿Son conscientes de ello los actuales gobernantes?
