El Derecho Público del Estado social y democrático de Derecho debe orientarse hacia la realización efectiva de los derechos fundamentales y, por tanto, todo el quehacer administrativo, también las normas que elabora y aprueba, deben discurrir hacia la defensa, protección y promoción de la dignidad humana. Este punto de vista explica por sí sólo el profundo impacto que están sufriendo las instituciones del Derecho Administrativo como consecuencia de la interpretación que deba hacerse de los intereses generales en cada caso. Interpretación que está profundamente conectada a la efectividad de los derechos fundamentales como tarea suprema del Estado social y democrático de Derecho en general, y de la Administración pública en particular. Por eso la forma de los actos administrativos, de los contratos y de todas las expresiones de la regulación administrativa, han de estar necesariamente ordenadas a esta finalidad constitucional
En el Estado liberal los derechos fundamentales se concebían a partir de la idea de garantizar un ámbito personal frente al Estado. Sin embargo, progresivamente ha ido cobrando fuerza la opinión, ya consolidada en la jurisprudencia constitucional alemana y española, de la incidencia de los derechos fundamentales, no sólo frente a los Poderes Públicos, sino, también, en el marco del Derecho Privado y de las relaciones jurídicas privadas. Por eso, la actuación de los poderes públicos debe ir encaminada, como señala el artículo 9.2 constitucional, a “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas” y a “remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud”. Es decir, la Administración cumple su función constitucional en la medida que facilite y promueva el ejercicio libre y solidario de los derechos fundamentales desde los postulados del pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario. También, sobre todo, cuando elabora y aprueba reglamentos y disposiciones de carácter general.
Hoy, sin embargo, es menester reconstruir la objetividad y racionalidad que en un Estado social y democrático de Derecho es esencial. De contrario, en no mucho tiempo volveremos al totalitarismo.
