Una de las funciones más importante de la Administración pública en este tiempo es la de supervisión y vigilancia de las actividades consideradas de interés general. Por ejemplo, en materia financiera, las entidades son inspeccionadas periódicamente por el regulador, por el Banco de España. Las actividades empresariales, desde la perspectiva de las condiciones del trabajo, son objeto de la vigilancia de la inspección del Ministerio de Trabajo. La seguridad aérea debe ser comprobada y verificada por la agencia de seguridad del ramo. Es decir, en todas aquellas actividades en las que es posible la aparición de riesgos que podrían afectar a las condiciones de vida de las personas, la actividad de supervisión y vigilancia se antoja capital.
En materia de salud pública, la existencia de la función de inspección, de vigilancia y de supervisión de los protocolos y procedimientos de seguridad es vital para la calidad de la salud de la población. Por eso, ahora que estamos inmersos en una crisis sanitaria, y observamos lo que acontece, la pregunta acerca de la idoneidad de esta actividad supervisora es pertinente y en su momento, cuando termine el problema, deberá ser objeto de una evaluación y auditoria rigurosa por personal realmente independiente.
Por ejemplo, por lo que vamos sabiendo, entre las causas de la crisis económica y financiera iniciada hace ya varios años, se encuentra, en un lugar muy destacado, la responsabilidad “in vigilando” de las agencias reguladoras y de los entes estatales encargados de la supervisión de estas actividades. En unos casos miraron a otro lado, en otros colaboraron activamente a la perpetración de las tropelías de todos conocidas. Es decir, la función de supervisión, de vigilancia, de control, tan relevante desde tantos de vista para el correcto funcionamiento del mercado de valores, para la actividad financiera, para que el mercado se mueva en el marco de parámetros de racionalidad y objetividad, está siendo hoy objeto de revisión y de riguroso análisis.
En materia de salud pública, en la medida que se trata de la calidad de vida sanitaria de la población, la supervisión y la vigilancia de los protocolos y procedimientos de seguridad es vital pues si fallara, si se manejara negligentemente, sin las más elementales medidas de prevención, las consecuencias de tal acción u omisión, serían letales para las personas.
La crisis del ébola que estos días sacude nuestro país es una buena oportunidad para caer en la cuenta de que hoy en día, en una sociedad de riesgos como la que vivimos, el Estado debe disponer de una Administración científica de primera división, de medios materiales y personales bien preparados para estas emergencias. La ciudadanía española paga impuestos suficientes como para que estas imprescindibles funciones del Estado estén cubiertas de la mejor forma posible. Tenemos derecho al funcionamiento regular, continuo y adecuado de todos los servicios de interés general, también de los de inspección, vigilancia, y supervisión.
