La OCDE publica anualmente un informe sobre la efectividad de la justicia social en diversos países de la Organización. Se trata de un índice que mide cualitativa y cuantitativamente el impacto de las políticas públicas de 41 países en materia social. España, como cabría esperar, ocupa uno de los últimos lugares, lo cual no es de extrañar a causa de la crisis que sufrimos y de quienes han sido sus principales víctimas.
Efectivamente, el Reino de España ocupa el puesto 33 en política social, el 30 en materia de calidad democrática, el 19 en cuanto a la capacidad de afrontar la crisis económica, el 29 en política ambiental. Globalmente, desde una perspectiva integrada, somos el 30 de entre 41 países a los que se refiere el informe de la OCDE.
Tal y como acontece en otros indicadores, caso de la educación, los países que lideran el ranking de justicia social son los nórdicos. Suecia, Noruega y Dinamarca van a la cabeza, siendo el 41, el último, Grecia. Mientras que el más valorado es Suecia con 7.83 de nota media, España obtiene 5.27.
En el caso español, a pesar de recuperación iniciada, todavía son endebles las variables macroeconómicas y el paro, a pesar de haberse reducido, todavía se sitúa en parámetros inaceptables. El mercado de trabajo sigue siendo muy rígido, dice la OCDE, y disponemos de elevadas bolsas de economía sumergida. El déficit es muy elevado y la deuda se ha disparado en estos años. La financiación de la investigación y del desarrollo, por otra parte, sigue siendo demasiado baja y explica la baja competitividad.
La calidad democrática, con la que está cayendo en materia de corrupción en estos años, ha descendido. Nos advierten de la falta de transparencia que caracteriza el sector público a pesar de que ciertamente hemos aprobados algunas normas positivas. También se nos recuerda la ausencia de referéndum y se censura la reciente ley de seguridad ciudadana. Aunque en términos generales se reconoce la independencia de los jueces y tribunales, se nos echa en cara la proverbial lentitud de la justicia.
En materia social hay que tener presente la posición de España en el informe PISA, que todos sabemos que no es precisamente de las más sobresalientes. Tenemos problemas de exclusión social, la pobreza infantil es elevada en relación a la media europea. Ha bajado la calidad del sistema de salud. Las ayudas a la familia son propias de un país subdesarrollado. Ha mejorado el sistema de pensiones, la integración de los inmigrantes es positiva y las ayudas al desarrollo han desaparecido durante la crisis.
A pesar de ocupar el puesto 29 en materia ambiental, hemos mejorado respecto a 2014 reduciéndose e consumo de energía y las emisiones, todavía superando los objetivos del Protocolo de Kioto.
En fin, aunque todavía estamos en una posición francamente mejorable, al menos sabemos cuáles son nuestras debilidades y cuáles son las políticas públicas que fracasan una y otra vez. Ojala este diagnóstico sirva para que la dignidad del ser humano y sus derechos fundamentales ocupen de verdad el centro de la acción pública y privada. Los españoles nos lo merecemos.
