Islandia, una pequeña isla a medio camino entre Europa, Estados Unidos y el círculo polar, está siendo centro de atención mundial a causa de las responsabilidades en que incurrieron el primer ministro de 2008 y algunos de los más flamantes banqueros. Hoy nos referiremos al crack bancario y a la responsabilidad de sus directivos.
Al parecer, la concesión de créditos personales por valor de 10 millones de euros a distintos miembros del partido que lleva gobernando el país desde 1944 ha provocado un gran escándalo y ha puesto el dedo en la llaga de la responsabilidad de los dirigentes en todo el desaguisado.
En los años ochenta de siglo pasado Islandia experimentó un rápido crecimiento económico bajo la ola silenciosa de las privatizaciones y las bajadas de impuestos. En esa época la renta per cápita subió exponencialmente, el paro se instaló en el 1 % y las inversiones en energía verde y en nuevas tecnologías caracterizaron un modelo económico que era envidiado por propios y extraños. Con la llegada del siglo XXI la banca se privatizó y de la mano de la autorregulación se expandió sin límite con la inestimable colaboración de unos tipos de interés cercanos al 15% que hacían las delicias de no pocos inversores. Sin embargo, la situación, como suele acontecer en estos casos, se descuadró. De repente todo se vino abajo en un abrir y cerrar de ojos. La concesión, sin garantías, de créditos millonarios sin control a los propios directivos, familias y políticos, una alucinante adquisición de activos en diversas partes del globo a cual más glamorosa, el crecimiento irracional de los valores de la bolsa y la exponencial subida de los precios de los pisos dio paso a una alocada forma de vida que sedujo a no pocos protagonistas de la vida económica y política. Todo era posible: dos o tres casas por familia, coches de lujo por doquier. Los créditos, sin garantías, todo lo permitían y, es lo más grave, los políticos, metidos en el ajo, dejaron de hacer pié y se convirtieron en una pieza más del sistema.
Enseguida la inflación se desbocó, el paro alcanzó cifras inéditas, la moneda se desplomó, el PIB cayó el 15% y los bancos perdieron cerca de 100.000 millones de dólares. El corralito argentino ha hecho acto de presencia bajo la forma de control de capitales, el paro está cerca del 8%, buena parte de la población está endeudada hasta las cejas, el sistema bancario ha sido nacionalizado y el Estado ha puesto cerca del 25% de PIB para recatar el sistema financiero. La deuda pública se ha situado por encima del 100 % del PIB y se han subido los impuestos con drásticas reducciones del gasto público. Llegó un rescate con aumentos del IRPF del IVA, con descensos de los salarios y reducciones de la política social.
Mientras tanto, muchos se preguntan si también los directivos irresponsables de las entidades financieras seguirán la misma suerte que el ex primer ministro Harde. Veremos a ver.
