La reciente sentencia del llamado Tribunal Constitucional, que en este tiempo ni es un Tribunal ni defiende la Constitución, acerca de la denominada Ley Celaá, no por previsible deja de sorprender, y mucho, por sus peculiares consideraciones. Por cierto más propias de un órgano político empeñado en defender a capa y espada una tesis que nada menos que contradice el arttículo 27.3 constitucional cuando dispone que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones”. Y ya de paso, se mutila otra obligación constitucional de los Poderes públicos a “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas removiendo los obstáculos que impidas o dificultan su plenitud…” tal y como establece el artículo 9.2 de nuestra Carta Magna.
Es decir, en virtud de esta Ley se impone un modelo educativo, se impide el ejercicio de una derecho fundamental y se cercena la obligación de que los Poderes públicos fomenten la libertad. Cuando pasen algunos años y vuelva la cordura y el sentido común y el Tribunal Constituciona vuelva a ser un Tribunal que defienda la Constitución, estos episodios dejaran en muy mal lugar a quienes los protagonizan y a quienes los jalean.
Las sociedades realmente libres son las sociedades de personas libres, de personas con criterio, con formación, críticas, no de personas arrodilladas ante el poder. El fundamento de una sociedad libre está en los hombres y en las mujeres libres, con aptitud real de decisión, que son capaces de llenar cotidianamente de contenidos de libertad la vida pública de una sociedad. Ninguna tiranía será capaz de sojuzgar jamás un pueblo de mujeres y hombres auténticamente libres. Pero la libertad –en este sentido- no es un estatus, una condición lograda o establecida, sino que es una conquista moral que debe actualizarse constantemente, cotidianamente, en el esfuerzo personal de cada uno para el ejercicio de su libertad, en medio de sus propias circunstancias. Y para ganar la libertad todos los días hay que tener sólidos conocimientos, temple cívico y una cultura humanista que ayuda al compromiso con la verdad y con los valores democráticos.
Por tanto, afirmar que la libertad de los ciudadanos es el objetivo primero de la acción pública significa, pues, en primer lugar, perfeccionar, mejorar, los mecanismos constitucionales, políticos y jurídicos que definen el Estado de derecho como marco de libertades. Pero, en segundo lugar, y de modo más importante aún, significa crear las condiciones para que cada hombre y cada mujer encuentren a su alrededor el campo efectivo, la cancha, en la que jugar –libremente- su papel activo, en el que desarrollar su opción personal, en la que realizar creativamente su aportación al desarrollo de la sociedad en la que está integrado. Creadas esas condiciones, para las que hay que cultivar una sólida formación, el ejercicio real de la libertad depende inmediata y únicamente de los propios ciudadanos, de cada ciudadano libre y responsable.
