Una buena Administración pública se hace entender, explica, aclara, razona, justifica, motiva sus actuaciones. Por una razón elemental: porque el dueño y señor de la Administración pública es el pueblo, y a él los dirigentes deben rendir cuentas permanentemente de las decisiones que adoptan.
En el Estado de Derecho es fundamental que los administradores de la cosa pública se habitúen a la rendición de cuentas de sus actividades y, sobre todo, a que el poder se ejerza desde la razón, desde la luz, desde la transparencia, desde la motivación inherente a la posición especial que tiene el Poder público.
La buena Administración pública implica poner como centro del trabajo público las necesidades de orden social de los ciudadanos, la creación de condiciones para el libre y solidario desarrollo de todos los ciudadanos... Pero no de cualquier manera, contando con las personas, con los destinatarios del quehacer público que realizan las Administraciones públicas. Y las personas, dada su posición central en el sistema, tienen derecho a que las Autoridades y funcionarios justifiquen el ejercicio del poder, especialmente el de naturaleza discrecional. Nada más y nada menos.
