Celebrar por separado el vigésimo aniversario del 11-M divide aún más a España y dice muy poco en favor de nuestros dirigentes. España no se merece ni entonces ni ahora un Gobierno que nos mienta, y más cuando los actos y la Historia se levantan sobre los pilares de la memoria y la sangre derramada. Recordar a las víctimas bajo el amparo de la UE en un acto organizado por el Gobierno sin invitar al líder de la oposición demuestra que nuestros políticos son irreconciliables aunque España lo sea, tal y como demostró con la ejemplar Transición. Veinte años después de los atentados, España se ha vuelto irrespirable y sobre su clase dirigente y su conciencia pesan la ambición de poder, el desgobierno y las artimañas para eliminar al contrario. Y eso es algo que los españoles no van a perdonar en las urnas, tampoco en Cataluña, dado el conocimiento reciente de asuntos tan graves para el Estado como la corrupción comisionista de material sanitario en plena pandemia, la aprobación arbitraria y sin consenso de la Ley de amnistía y este espectáculo divisivo y deliberadamente polarizado a la hora de celebrar el 20 aniversario del 11-M.
España y su sociedad están, afortunadamente, muy por encima del umbral ético y moral de algunos políticos que dicen representar a los españoles. Esta ignominia y gran mentira en la que se ha convertido cierto populismo partidista, olvidadizas con el interés general y el bien común de la ciudadanía, tiene su exponente más desleal en la aprobación de la amnistía a la carta de Puigdemont y demás delincuentes golpistas condenados por el Supremo y ya indultados previamente por el sanchismo. La necesidad de los votos separatistas ha arrastrado y arrancado a Sánchez la cesión completa al chantaje del prófugo sin atender a consideraciones legales por simple necesidad. Ni la convivencia ni la igualdad ni la posición contraria de la mayoría de la sociedad española, incluida la catalana, han sido tenidas en cuenta por un presidente del Gobierno dispuesto a todo con tal de seguir en el poder. La Ley de amnistía se ha redactado para borrar los delitos de los malhechores y para que siga gobernando quien perdió las elecciones generales. Y esa percepción de la opinión pública convierte cualquier justificación de convivencia y concordia en pura falsedad, en pura coartada con la que amparar una traición al Estado de derecho y la separación de poderes sin más razón que el cambio de las reglas de juego para tratar de hacer pasar por constitucional lo que siempre ha sido inconstitucional.
España está huérfana de dignidad política, de principios y valores con altura de miras que den cobertura a las distintas formas de pensar y de votar. La democracia española va camino de convertirse en un régimen sin garantías legales ni electorales en el que prevalece la opresión a una mitad social y el oportunismo electoral generalizado. Es decir, pese a ganar, la derecha no gobierna en España, todo lo contrario que en Portugal, donde los socialistas perdieron por mucho menos y se hacen a un lado democráticamente. Según Sánchez, aquí gobierna una mayoría Frankenstein que aglutina socialismo, comunismo, herederos políticos de ETA y republicanismo izquierdista y derechista rupturista que se traiciona entre sí con la convocatoria del 12-M. En el aniversario del 11-M se tergiversa la culpa de los atentados y con la amnistía se blinda al prófugo golpista contra los delitos de terrorismo, corrupción y alta traición. El relato de la legión de asesores pagados con el dinero de nuestros impuestos pretende silenciar la contestación y crear un clima de apartheid político inspirado en el zapaterista cordón sanitario del Tinell que el sanchismo ha consolidado como forma de perpetuarse en el poder levantando un muro contra la alternancia democrática.
Con el Sánchestein, España quedó atrapada en una vocación más autocrática que democrática, más bolivariana que garantista de los derechos y libertades igualitarios. Y esa forma de hacer política escapa a la voluntad del sufragio con el desdoblamiento de un Estado paralelo chantajeado por el secesionismo en el que la verdad y la mentira se confunden y toda cuestión trascendente de Estado se somete al juicio tramposo del doble rasero. La corrupción de los Pujol, del 3 por ciento, de Tito Berni, de los ERE o del caso Koldo-Ábalos es, al parecer, menos corrupción que la de los casos Gürtel, Púnica o Kitchen mientras todo ello se equipara a una investigación de fraude fiscal del novio de Ayuso. A las mentiras reiteradas y flagrantes del sanchismo como método de la acción política se les da la vuelta hasta depositar en la oposición la responsabilidad que compete al Gobierno sobre la trama de las mascarillas. Y así, burla burlando, resulta que son Ayuso, su novio y Tellado los señalados por la compra sospechosa de material sanitario en invención relatora del PSOE. Una prestidigitación trilera cuando en verdad la justicia investiga comisiones que afectan a varios ministerios y gobiernos autonómicos socialistas y puede haber conflicto de intereses del matrimonio Sánchez en las ayudas a Air Europa.
Delcygate II
Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, se ha vuelto a poner de moda porque el coladero de las maletas tiene segunda parte y la oposición pide reabrir judicialmente el Delcygate por las conexiones de la trama comisionista del caso Koldo-Ábalos con el episodio de nocturnidad y alevosía en Barajas. El principal investigado, Víctor de Aldama, que amenaza “con tirar de la manta”, estuvo en la T-4 la noche de autos con Ábalos. Y junto al vínculo con el testaferro de Maduro y los viajes del Falcon a República Dominicana, hay nueva secuela de ‘Paseando a miss Delcy’. Según The Objective, el jefe de Delcy, Nicolás Maduro, coló hace un año otras 79 maletas y cajas en el aeropuerto de Madrid-Barajas transportadas por un avión de Plus Ultra. Los bultos entraron en España como valija diplomática y sin pasar por controles policiales. Se utilizó el mismo operativo del vuelo privado de las 40 maletas del 20 de enero de 2020, cuando Ábalos era ministro de Transportes. La compañía aérea venezolana Plus Ultra fue rescatada con 53 millones de euros en 2021 por el Gobierno español. Y todo, mientras a la esposa de Sánchez se la relaciona con el rescate de Air Europa.
El factor catalán
El pequeño Napoleón de ERC, Pere Aragonés, ha pillado con el pie cambiado a los socios del rupturismo, incluido el sanchismo. En una convocatoria electoral que parece diseñada para evitar el triunfalismo del prófugo por la aprobación de amnistía, Aragonés fija para el 12 de mayo los comicios catalanes. El almanaque de Sánchez y Puigdemont se deshoja con este nuevo escenario porque, supuestamente, los comunes de Ada Colau y Yolanda Díaz han rechazado los presupuestos catalanes por un proyecto de Hard Rock en Tarragona. Parece poco pretexto, y de momento Sánchez renuncia también a los presupuestos nacionales en vez de ir pensando en un adelanto electoral que haga justicia democrática a los resultados del 23-J y el CIS. Tezanos dice que el PP sube con el caso Koldo sin preguntar por la amnistía, para en un mes poder decir que el PSOE crece por el caso del novio de Ayuso. Tactiquillas de billares que tratan de confundir a la sociedad española mientras el sanchismo hiperventila las presuntas corruptelas con todo el aparato del Estado a su servicio. El calendario se complica para el Frankenstein y Puigdemont amenaza con volver pese al retraso de la amnistía en el Senado.
