Quién defiende a los camioneros españoles acosados en Francia y olvidados en España? ¿Quién reparará el daño material y la imagen de las mercancías españolas destruidas en el país vecino? ¿Han logrado el Gobierno español y su presidente, más allá de un piadoso tironcito de orejas, que la UE sancione a Macrón y otros políticos franceses por ese derroche de populismo barato contra España? Moncloa ha reaccionado tarde y mal porque los ataques a los intereses españoles se han dejado crecer sin una protesta formal hasta que los agricultores españoles han convocado sus propias protestas. Sólo entonces el Ministerio de Agricultura ha convocado a los representantes del campo español, sin éxito, para abordar esta grave crisis que llegaba la semana pasada a las puertas de la UE con los líderes reunidos en el Consejo Europeo. Realmente resulta alarmante esa desidia gubernamental, puede que derivada de otras preocupaciones políticas como la amnistía y las cesiones al separatismo que permiten a Sánchez hacer el paseíllo por Europa con su mochila Erasmus a cuestas. Las protestas francesas alcanzaron su vergüenza cumbre cuando la exministra socialista y fracasada candidata al Elíseo, Ségolène Royal, dijo que “los tomates españoles ecológicos son falsos e incomibles”. Una desagradable acusación, sin fundamento veraz, que el presidente de la Internacional Socialista y del Gobierno español debiera haber condenado públicamente antes de entrar al Consejo Europeo la semana pasada. Lo hizo después con un tibio “los tomates españoles son imbatibles”. Como ocurrió con el hacinamiento de inmigrantes en el aeropuerto de Barajas, el Ejecutivo prefirió mirar para otro lado, noqueado por el no de Junts a la Ley de amnistía y ocupado en llevar agua solidaria española a la insolidaria Cataluña. El ministro Planas no logró parar las protestas españolas mientras en Francia desvalijaban y quemaban camiones españoles. Los agricultores franceses no sólo boicoteaban las mercancías españolas, sino que se las llevaban para “consumo propio o para revenderlas”, según denuncian nuestros camioneros.
De la gestión gubernamental hay que obtener mayor eficacia, porque para eso sirven la política y el servicio público. También con el agua, cuyo Plan Hidrológico se cargó el PSOE que ahora fomenta las desaladoras valencianas. Pero cuando casi todo es escaparate sustentado en acciones de propaganda suceden estos agravios de carácter internacional que dañan por igual la imagen del Gobierno y de España. Es cierto que los ataques franceses a los camiones españoles son recurrentes y periódicos desde hace décadas con distintos ejecutivos en el poder. Pero lo mínimo es plantar cara al chovinismo galo tan necesitado de vergüenza y correctivos públicos. Con el escándalo de la amnistía, España ya tiene bastante en la Unión como para encima tolerar el afrancesamiento de la violencia. Claro que en el concepto gubernamental sanchista de “terrorismo que no atenta contra los derechos humanos” también se incluye esta kale borroka de los agricultores franceses que traspasa el derecho de protesta y manifestación.
