Hoy, 6 de diciembre, se cumplen 39 años de la aprobación en referéndum de la Constitución en un clima de desafección como hasta ahora no se había conocido. Un texto que, entre otros muchos logros, nos ha homologado con los regímenes más avanzados de nuestro entorno. A pesar de ser una gran Constitución, la mejor posible en su origen, urge adecuarla a una realidad muy distinta a la que se gestó. Si en 1978 muchos de los problemas no se pudieron abordar, posteriormente han aparecido otros debido a los cambios sociales y generacionales que tiene cualquier comunidad política. No todas las soluciones que se dieron en aquel contexto histórico y político producido después de la muerte de Franco son las más adecuadas para el momento presente. Ello no significa hacer tabla rasa de lo que se ha hecho bien sino corregir lo que es mejorable y tratar de dar respuesta a los nuevos retos de la sociedad española. Tenemos que conservar lo que los constituyentes previeron con acierto, revisar sus disfuncionalidades y anticipar las duras exigencias que ya se vislumbran. Hoy en día la mejor forma de defender la Constitución es abordar, con lealtad y con respecto, pero también con generosidad y sin miedo, su reforma para, como es obvio, mejorar su eficacia.
Casi cuatro décadas después de su entrada en vigor, son muchas las razones para abordar una reforma de nuestro texto constitucional, actualizarlo, y hacer frente a una crisis con tres grandes frentes: el socioeconómico, el político y el territorial, agravado en estos últimos tiempos por la deriva independentista catalana. La modificación de la Constitución aparece así como la gran oportunidad para afrontar estos problemas y dar a la ciudadanía, sobre todos a las nuevas generaciones, un proyecto ilusionante para nuestro país. Nuestra Carta Magna ha envejecido, qué duda cabe, y si no se hace nada corremos el riesgo de reproducir los errores de nuestra convulsa historia constitucional donde no ha habido reformas, pero sí muchísimos textos constitucionales. Ante las numerosas grietas que afectan a las vigas maestras de la Constitución hay que proceder a repararlas si no queremos que el edificio constitucional se nos venga abajo.
Una Constitución que si en un clima de desafecto político, de incertidumbres y de desprestigio de las instituciones como en el que estamos inmersos no se modifica, corre el riesgo de convertirse en una simple hoja de papel. Es, por tanto, uno de los grandes retos de futuro al que nos enfrentamos los/as españoles/as. Por su propia naturaleza normativa, el texto constitucional es, en todo o en parte, modificable según las disposiciones que su propio articulado contiene. Frente a los que sostienen que no sería aconsejable iniciar la reforma de la Constitución sin un consenso semejante al conseguido en 1978, hay que señalar que ésta lo que exige para su aprobación son las mayorías reforzadas contempladas en el Título X. Cabe recordar, asimismo, que el acuerdo no suele existir al inicio del procedimiento de reforma sino que aparece como consecuencia de las negociaciones y pactos que tengan lugar durante el transcurso del mismo. Es el momento de urdir, con participación activa y responsable de todas las fuerzas sociales y en especial de la juventud que exigen con mayor energía cambios radicales y profundos, un sistema de democracia avanzada, más participativo, solidario y justo.
Tenemos una magnífica oportunidad para afrontar -no sólo provocada por la demanda de secesión en Cataluña- los problemas no resueltos del Estado autonómico y construir un modelo territorial sólido que haga más difícil su deslegitimación. La modificación del Título VIII, sin generar más asimetrías que las estrictamente necesarias, debería posibilitar la integración política de las nacionalidades, el reforzamiento de los mecanismos para que las Comunidades Autónomas participen en las decisiones del Estado y la Unión Europea, así como la clarificación de la distribución de las competencias entre el Estado y las CCAA, cuya indeterminación ha terminado convirtiendo al Tribunal Constitucional en el árbitro de ese reparto. Y aprovechando la coyuntura convendría reflexionar sobre otras materias tales como la ley electoral, la reforma de la justicia, el anacronismo de la sucesión al trono, las limitaciones para la iniciativa legislativa popular, la garantía constitucional de los derechos sociales, la incorporación del Derecho europeo, el papel del Senado y la salvaguardia del Estado de bienestar. Abordar de una vez la reforma constitucional sería, por tanto, una evidencia importante de realismo político.
