El Partido Socialista Obrero Español, en el borrador de su programa para las elecciones generales del 20 de diciembre, ha propuesto sacar de currículo y del horario escolar la asignatura de religión para promover una escuela laica.
No parece muy inteligente caer una y otra vez en la misma piedra por parte de partidos que aspiran al gobierno de la Nación. Nos asomamos al precipicio de otra reforma legislativa sobre la espalda de la educación, un nuevo lío que nos alejará un poco más lejos de una solución duradera, que se trasformará en campo de batalla. Por este camino es imposible concederle a nuestro sistema educativo la categoría de asunto de estado, para que pudiera de una vez por todas quedar fuera del enfrentamiento electoral de los partidos y de la vorágine de las promesas electorales.
En un ejercicio de sensatez y madurez intelectual alguien ha declarado que este es un debate del siglo pasado que está solventado con la libertad y con las asignaturas optativas, donde los padres pueden elegir qué estudian sus hijos. Primero nos parece un planteamiento correcto y además realista, pues recoge los dos elementos que la izquierda elude nombrar nunca: la asignatura de religión es optativa y totalmente voluntaria y cuenta con una demanda social muy importante. Más del 69 por ciento de las familias la eligen. Además, los actuales contenidos están claramente diferenciados de la catequesis parroquial y se centran en la interpretación e influencia del hecho religioso de manera trasversal con el conjunto de los conocimientos humanísticos.
A esto hay que añadir, según los analistas católicos, que la propuesta del PSOE supone un ataque gravísimo a la libertad religiosa y al derecho constitucional que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, garantizado en el artículo 27 de la Constitución como parte esencial de su derecho a la educación de sus hijos.
Por otra parte, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española ha recordado que la Constitución “valora positivamente el hecho religioso” y que los acuerdos vigentes son plenamente legales y constitucionales y que “no se entiende el anuncio del PSOE, salvo que vaya a buscar votos en los caladeros del radicalismo”.
