Unos cuatro millones de personas –de ellas unas 200.000 en Galicia– van a beneficiarse del nuevo paquete de ayudas del Gobierno para combatir la crisis, que estará vigente al menos hasta el 31 de diciembre de este año. Las ayudas directas a trabajadores autónomos y desempleados que tengan bajos ingresos serán finalmente de 200 euros. En conjunto, el Gobierno habla de un paquete de 9.000 millones de euros.
Hay medidas como la bajada del IVA en la factura de la luz al 5%, que ya había adelantado el presidente del Gobierno el miércoles en el Congreso, y otras que prorrogan todas las medidas fiscales del anterior decreto, lo que supone mantener la senda de la bajada de impuestos.
En síntesis, por un lado, se reducirá el 1 de septiembre un 50% del coste de los abonos de transporte estatales y del 30% de los autonómicos, se congelará el precio de la bombona de butano y subirán el 15% de las pensiones no contributivas, mientras que por otro se aplicará un tributo sobre el beneficio de las compañías eléctricas.
Lo que se gastará de más o se ingresará de menos se compensará gravando desde el 1 de enero de 2023 a las empresas que se aprovechan de la subida de los precios energéticos. Se trata de que las eléctricas repartan menos dividendos a sus accionistas y de que asuman parte del coste de ayudas a las personas con bajos ingresos.
¿Por qué en otros países europeos ya se adoptaron las medidas hace días y, además, lo hicieron con menos tensiones políticas, con independencia de si sus gobiernos eran de izquierdas o de derechas? No solo es porque sus ejecutivos son más fuertes o están más cohesionados.
En España hay problemas añadidos: el principal es que no tiene la riqueza ni la estabilidad presupuestaria de las grandes potencias europeas, a lo que se añade la ralentización de su crecimiento, ya que la economía española aún se encuentra un 3,6% por debajo del nivel prepandemia, a diferencia de lo que sucede en Alemania o Francia.
Pedro Sánchez llevó el asunto a la confrontación política, al presentarse como el defensor de los intereses de los trabajadores y la clase media frente a “determinados poderes económicos” que, según denunció sin citar a nadie, intentan tumbar al Gobierno, porque perjudica sus intereses. Puede que sea así, si él tiene pruebas de ello, pero lo cierto es que no todos los gobiernos europeos que adoptaron este tipo de medidas eran de izquierdas.
Hay cosas que son de justicia social y de sentido común. Y mantener la igualdad en estas circunstancias de crisis de oferta de productos energéticos y alimentarios exige ayudar a los menos favorecidos, para que lleguen a fin de mes sin dejar de comer ni de poder moverse, entre otras cosas para ir a trabajar.
Con rentas bajas es poco menos que imposible poder pagar la gasolina y la cesta de la compra a sus nuevos precios, debido a la inflación. “Con las medidas que hemos aprobado, el Gobierno estima que vamos a contener en 3,5 puntos la inflación. Si estas medidas no se pusieran marcha, estaríamos hablando de inflaciones de 14 puntos”, destacó también Pedro Sánchez al presentar las medidas extraordinarias adoptadas por el Ejecutivo de coalición.
Sus palabras contra “determinados poderes económicos” puede que desaten nuevas polémicas en la esfera política y mediática, pero lo prioritario ahora es ayudar a las personas con bajos ingresos.
