Tanto esta empresa, muy conocida en Ourense, como otras energéticas han hecho las Américas a cuenta de la crisis derivada de la guerra, pero se quejan de que el Gobierno les aplicará un pequeño tributo.
La crisis de precios de la energía que soportan los consumidores disparó los beneficios de las grandes energéticas españolas, que subieron como la espuma, hasta alcanzar los 12.780 millones de euros, una cifra que supera todo el presupuesto de la Xunta de Galicia para 2023 (12.620 millones).
Las subidas del petróleo, del gas y de la luz produjeron un buen agujero en los bolsillos de la gente, pero en cambio hicieron aún más millonarios a los accionistas de empresas como Iberdrola, especialmente conocida en Ourense, donde el diario La Región, líder en la provincia, alertó de que Iberdrola, Naturgy y Endesa engordan sus bolsillos mientras ahogan Ourense en su propia agua. Un editorial de este periódico ya emplazó a la Xunta de Galicia, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), las diputaciones y los concellos a tomar posiciones ante estos tres gigantes energéticos, habida cuenta de que “Ourense tiene enfrente el reto de retomar el control de sus ríos”.
Las energéticas basan su débil defensa en que sus beneficios extraordinarios están en el petróleo y en el gas, pero no en la generación de luz, en especial si es de origen renovable. Y no contentos con su argumentario para los medios –algunos de su propia órbita– y las redes sociales, se fueron a los juzgados.
Aelec, la patronal del sector eléctrico que reúne a Iberdrola, Endesa y EdP, ya presentó ante la Audiencia Nacional un recurso al considerar “discriminatoria e injustificada” un tributo del 1,2% de los ingresos no regulados, y Endesa hizo lo mismo por separado.
Pero hubo quien fue todavía más lejos. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que ganó 13 millones de euros –cinco veces más que el presidente de Endesa, José Bogas–, se permitió incluso llamar “tontos” a quienes están acogidos a la llamada tarifa regulada de la luz, también conocida como PVPC. Lo hizo en mayo de 2022 cuando la escalada de precios de la electricidad en el mercado mayorista golpeaba a los 10,5 millones de hogares –un 40% del total–, acogidos precisamente a esa tarifa regulada. De ellos, más de 3 millones eran clientes “tontos” de Iberdrola. Así son ciertas cosas en España mientras no se quiera que sean de otro modo.
Lo cierto es que las claves de fondo del sector de la energía pasan inadvertidas ante los ciudadanos, que no solo ignoran los secretos del críptico recibo de la luz, sino también las estrategias ocultas, edulcoradas por las eléctricas mediante suculentas campañas de propaganda en grandes medios afines.
Todo esto tiene nombres y apellidos, de personas que son habituales interlocutores de la Moncloa, gobierne quien gobierne. Se trata del presidente de Iberdrola, Sánchez Galán; el presidente de Naturgy, Francisco Reynés; el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz; el consejero delegado de Endesa, José Bogas; la consejera delegada de EDP, Ana Paula Marques, y el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales. Es la lista, por ejemplo, de quienes se reunieron en plena crisis con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para comentar las medidas orientadas a “amortiguar el impacto de la escalada de los precios de la energía” y su efecto sobre la economía, cada vez más resentida, mientras las eléctricas seguían –y siguen– aprovechándose de los llamados beneficios caídos del cielo.
@J_L_Gomez
