Al cabo de tres años de instrucción, este lunes se inicia el llamado juicio de las cajas gallegas, que en realidad se reduce a las millonarias indemnizaciones en Novacaixagalicia, la entidad resultado de la fusión de Caixanova -la más pequeña, que lideró el proceso- y Caixa Galicia. Será la Audiencia Nacional la que entienda del caso y se supone que hará justicia. En juego está el honor de sus ex directivos y algo menos de 20 millones de euros, que es mucho dinero, sin duda, pero una cifra marginal al lado de los 10.000 millones, en números redondos, que hubo que poner para evitar la quiebra de la entidad y que ésta diese lugar a lo que hoy es Abanca, un banco privado propiedad del grupo venezolano Banesco. Casos similares se han dado en la CAM, Bankia -antes CajaMadrid-, Caixa Penedés, CCM, Caja España-Duero o Catalunya Caixa.
Como ya sucedió en Bankia, el foco vuelve a estar en el detalle llamativo y no en el fondo de la cuestión. En Bankia se habló mucho de las indecentes tarjetas black pero muy poco de los 23.000 millones que hubo que aportar entre todos los contribuyentes para mantener en pie lo que hoy es un banco. En Novacaixagalicia sucede lo mismo: el foco no está en el dinero de su rescate –miles y miles de millones, en sucesivas fases-, sino en los millones que se llevaron algunos directivos, a quienes se les hará justicia por la vía penal. Queda al menos un mes por delante para ver los detalles del caso, donde la sustancia política está en el interés del Gobierno por demostrar que depura responsabilidades en las cajas. Iremos viendo todos los detalles de esta pasarela judicial, aunque lo importante será la sentencia, sin que en ningún caso vayamos a entrar en el verdadero fondo del problema.
Casos como el de Novacaixagalicia o el de Bankia, pero también otros como los de varias cajas ya mencionadas o bancos medianos como el de Valencia o el Pastor, ambos desaparecidos, dan mucho que pensar sobre el descontrol del sector financiero. En resumidas cuentas, el proceso privatizador de las cajas, depositarias de la mitad del sistema financiero a comienzos del siglo XXI, se narró sin que se conociesen sus claves. Pero, sin darnos cuenta, hemos asistido a una verdadera desamortización financiera que tiene muchas y graves consecuencias negativas, económicas y sociales. La primera es que con la transformación de las cajas en bancos se perdieron unas entidades cercanas al cliente y al territorio a cuyo desarrollo económico y sociocultural contribuyeron de forma decisiva. Lo cierto es que, para mayor gloria de la banca privada, bajo el eufemismo de su reforma, se privatizaron a precio de saldo unas instituciones que atendían a millones de ahorradores y a toda la sociedad, la cual, además de un servicio financiero, recibía de las cajas un dividendo social en forma de actividades culturales y asistenciales.
En el libro Cómo salir de esta, de 2013, ya se advertía de que cuando se escriba la crónica de estos años de crisis probablemente llamará la atención a los historiadores el hecho de que fuese un gobierno socialdemócrata, negligente en la supervisión financiera para cortar decisiones de gestión equivocadas, el que sentenciara a las cajas en España. Para ello contó con la complacencia de la derecha política –léase el PP pero también CiU- y de la gran banca, cuyo objetivo era eliminar la competencia y hacerse con el negocio de estas entidades financieras de ahorro popular.
@J_L_Gomez
