Creo no equivocarme si afirmo que los ciudadanos en general lo que queremos es que no se cometan delitos, es decir, que no se lesionen los bienes jurídicos más importantes para la persona y para la sociedad. Y la segunda afirmación que supongo que puede ser compartida es la de que cualquiera de nosotros que hubiese sido víctima de un delito, no volviésemos a padecer esa situación.
Desde hace tiempo, desde la clase política se nos ha transmitido la idea de que para alcanzar los fines a los que me referí anteriormente, hay que aplicar políticas penitenciarias adecuadas y así cada político propone una diferente. Esa corriente incluso se ha contagiado a la academia y también en ese ámbito de habla de política penitenciaria.
No obstante, desde un punto de vista pragmático, hay que dejarse de tanta política y acudir a la legislación penitenciaria para resolver el problema.
La Ley General Penitenciaria fue la primera ley orgánica de la democracia, que debemos recordar que surge como consecuencia de la terrible situación de las prisiones en España, que provocó la generalización de motines y revueltas en los centros penitenciarios.
La Ley General Penitenciaria establece como uno de sus fines principales la reeducación y la reinserción de los sentenciados, y el tratamiento penitenciario lo que pretende es conseguir que los penados puedan vivir en libertad sin cometer delitos y subvenir a sus necesidades. Es decir, lo que quiere la ciudadanía.
Tenemos que partir del hecho constatado de que nuestro sistema legal no ha desarrollado una solución diferente y menos costosa para el Estado, para procurar evitar la reincidencia de los presos. Y resulta que para reeducarles y reinsertarles lo único que hay que hacer es aplicar tratamientos y medidas adecuadas para conseguir que la persona que cometió el delito, mientras cumple la condena, consigamos tratarle de tal modo que al salir en libertad no vuelva a cometer delitos. Eso es lo que nos interesa a los ciudadanos, la aplicación y la efectividad de los medios que se han establecido en la Ley. Y por supuesto, no nos interesa de ningún modo que, como consecuencia de un trato inadecuado, salga siendo un resentido con la sociedad.
Nuestro país está suficientemente abastecido de leyes, el problema es que esas leyes no se aplican. Y este es el caso en referencia a las penas privativas de libertad. Pero resulta que como no se ponen los medidos adecuados para reeducar y reinsertar, ni para dotar al preso de medios para que pueda subvenir sus necesidades, deviene el fracaso del sistema y para ocultar la ineficacia se acude a la “política penitenciaria”. Sin embargo, lo que realmente se necesita es más profesionalidad y medios adecuados para dejar de ser un país con una excesiva población reclusa que, por cierto, supone un suculento negocio para muchos.
