Dentro de unas semanas se conocerá el proyecto de Presupuesto del Estado para 2023, donde con toda seguridad habrá, como en los últimos quince años, una partida reducida para construir la nueva autovía entre Vigo y Porriño. O más exactamente, la primera que merecería tal nombre, que no sería -será, si algún día se ejecuta- sino la finalización de la A-52 Rías Baixas que terminó en Porriño sin llegar a su destino final.
Las perspectivas son nefastas: la crisis que se nos viene encima, con inflación y déficit disparados, va a ajustar los gastos del Estado y alargar los proyectos que están encima de la mesa, y uno de ellos es la conexión entre la avenida de Madrid y Porriño. Que lleva años en la sala de máquinas, plan que el efímero ministro Ábalos condenó a su inejecución al anular el plan extraordinario de infraestructuras de Rajoy, en la quizá mejor idea que tuvo el anterior presidente del Gobierno.
Al ritmo de los Presupuestos del Estado podemos consumir varias generaciones esperando por una obra más urgente que cualquier otra, y para ello no hace falta más que circular por una carretera empinada, llena de curvas y cuajada de radares como ninguna otra, impresentable y peligrosa. Hay una solución, que Feijóo propuso de forma correcta en el fondo pero poco adecuada en la forma (aunque luego rectificó y que también apoyó el pleno municipal), que pasaría por eliminar el peaje en la autopista Vigo-Tui, sin tráfico, en tanto no se construye la autovía. Pero ni una cosa ni la otra: tras otra polémica estéril, parafraseando a Churchill, Vigo renunció a exigir la autopista gratis y no habrá nueva autovía.
En cambio, podemos tener la seguridad de que la A-55 continuará siendo durante muchos años un gran negocio para el Estado a través de Tráfico. La red de radares, seis en tan solo siete kilómetros, es única y productiva, a un ritmo de 112 multas/día.
