El acuerdo suscrito esta semana por Sumar y el Partido Socialista es un acuerdo, no para sumar, sino para restarnos libertad y prosperidad. Es un paso más hacia un régimen político y económico de plena intervención estatal. Como en la fábula de la rana en la olla, la sociedad española aguantará que la temperatura se eleve algún grado más, no tanto como para saltar pero sí lo suficiente para ver recortadas una vez más nuestras libertades. Llevamos varios años sufriendo las imposiciones del Partido Comunista, de Podemos y de las demás organizaciones políticas que conforman la nebulosa situada a la izquierda del PSOE. Entre otras cosas, hemos subido irresponsablemente el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), un concepto económico arcaico que no existe en algunos de los países que, precisamente, mayor salario medio presentan. Como es sabido, el SMI expulsa del mercado de trabajo a todos aquellos que no son capaces de producir por la elevada cantidad exigida más el margen, ya exiguo, de quienes les contratan. La adopción de un alto SMI siempre es desacertada pero podría llegarse a entender en países con empleo pleno. España, que arrastra crónicamente uno de los peores desempleos generales y juveniles de Europa (producto, en gran medida, de la extrema influencia de los sindicatos en nuestra política laboral y económica a lo largo de las décadas), es precisamente el peor país para aplicar esa medida. Es lo contrario de lo que necesitamos: más actividad económica, más empresas y microempresas, más contratación, más oportunidades de adquirir experiencia. Seguir aumentando el SMI bajo un gobierno aún más preso de la extrema izquierda es la senda del desastre en un país que ha visto crecer casi tres veces más el empleo público que el empleo real, auténtico, verdadero, es decir, el del sector privado.
Otra de las ocurrencias del pacto es reducir por la fuerza la jornada laboral. Es un paso más hacia una sociedad dual donde los trabajadores de grandes empresas sindicalizadas y cotizadas, que son las empresas que gustan a políticos y sindicalistas, vivirán aún más protegidos en su burbuja paradisiaca mientras los millones de trabajadores normales, ajenos a ese Edén y empleados por empresas medianas o pequeñas, sufrirán aún más el agravio comparativo porque, obviamente, el mismo trabajo no se va a poder hacer con menos manos, y no se van a poder contratar más porque, entre otras cosas, el SMI va a estar por las nubes.
Fuera de lo estrictamente económico, la nueva amenaza de Yolanda Díaz al transporte aéreo de pasajeros resulta escalofriante, no por su desarrollo inmediato, que afecta apenas a unas cinco rutas, sino porque abre la puerta a ir recrudeciendo poco a poco la prohibición. Otra olla para la rana, en un sector crucial que genera infinidad de empleos directos e indirectos. A los comisarios políticos no les gusta que viajemos. Habiendo videoconferencia, deben de pensar, ¿qué hacen los plebeyos tomando tantos aviones? Es una auténtica vergüenza que el Estado pueda decidir cómo debemos viajar. La Constitución ampara el libre tránsito de los ciudadanos, pero seguro que nuestro TC, tan intervencionista en todo, no se va a meter en esto. Causará estupor que a uno le digan en la agencia de viajes “no, no, usted no puede volar de tal ciudad a tal otra, tiene que ir en tren”. ¿Acaso va en tren Sánchez, el del Falcon? Recuerdo a una presidenta de un parlamento autonómico que me dijo, hace muchos años, “es que en Madrid no se puede circular sin coche oficial”, quejándose de que no había manera de aparcar, ni menos aún en las puertas de las boutiques de la calle de Serrano. La “nomenklatura” política disfruta de presumir de estatus a expensas del contribuyente. Ese privilegio le garantiza una identidad superior, cuyo reconocimiento por la gente de a pie es obligado. Qué bien lo describió Ayn Rand en su maravillosa novela “Los que vivimos”. Se trataba de los “apparatchiks” de la revolución rusa, pero es hoy absolutamente aplicable a la clase política española, y en especial a los políticos de la extrema izquierda que nunca se habían visto ante semejante ascensor social inmerecido y lo aprovechan hasta desangrarnos.
No está en el acuerdo, pero los cinco diputados descontentos y revoltosos de Podemos lo intentarán meter: un reconocimiento exprés y unilateral del Estado palestino por parte española, sin esperar a la Unión Europea. Sánchez lleva desde el sanguinario y psicopatológico ataque terrorista masivo del día 7 haciendo todo lo posible por convertirnos en el mayor valedor de Hamás en la Unión Europea, precisamente bajo su presidencia. Incluso ha apoyado la posición sesgada y parcial de António Guterres, que prácticamente vino a justificar el martes el insoportable nivel de ferocidad de la banda asesina. Qué vergüenza no reconocer a Kosovo pero sí a la dictadura de Hamás. ¿Tan bien pagan los ayatolás? Algunos de los socios de Sánchez ya comprobaron que sí hace años. Pero este nivel de entrega antisemita a la defensa de los degolladores de bebés nos coloca como país en el escalón más alto de la ignominia. Qué vergüenza.
