Abolir? ¿Cómo que abolir? Abolir significa retirar la legalidad de una determinada acción o de una práctica. Se pudo abolir la esclavitud porque las leyes previas disponían su legalidad y reglamentaban el ejercicio de esa atrocidad. Se abolió el servicio militar obligatorio porque, hasta entonces, aquel intolerable secuestro legal era una prestación forzosa regulada por ley. Se podría abolir algún impuesto, o la obligación de llevar el cinturón de seguridad en el coche. Eso sí sería “abolir”. La prostitución no puede “abolirse” porque no es, al menos en España, una práctica regulada mediante disposiciones legales. El XL Congreso del Partido Socialista Obrero Español, celebrado el pasado fin de semana, ha hecho trampas al hablar de abolición. Y no es una trampa inocente sino un eufemismo calculado para evitar el verbo que hace al caso: “prohibir”. Lo que quiere el PSOE es prohibir la prostitución.
Como ha funcionado tan maravillosamente bien la prohibición de las drogas, como funcionó perfectamente la “ley seca” estadounidense respecto al alcohol, como funciona la prohibición española de la legítima gestación subrogada (enviando a cientos de parejas a efectuarla en otros países), como funcionó la prohibición del divorcio (que se resolvía en Roma) o la del aborto (que se arreglaba en Londres), ahora a estos socialistas radicalizados y autoritarios les parece posible y oportuno prohibir nada menos que la prostitución. Pero el oficio más viejo del mundo es, sencillamente imposible de prohibir, e intentarlo sólo creará problemas de todo tipo. Al prohibirse formalmente, el ejercicio de la profesión se verá sometido a condiciones aún mucho peores que las actuales. Aunque no se penalice a los hombres y mujeres que se prostituyen, criminalizar a sus clientes será un ataque frontal a su medio de sustento. Como en cualquier intervención estatal en un sector de la economía, se producirá una fuerte retirada de oferta con la misma demanda, y por lo tanto los precios subirán enormemente, lo que perjudicará tanto a las personas ejercientes como a su clientela. Por otro lado, si se prohíbe la prostitución directa, habrá que prohibir también la indirecta, es decir, los shows presenciales y la pornografía en cualquier soporte, lo que afectará también a la libertad de expresión. Qué inmenso despropósito.
Las neomonjas y los neomonjes del PSOE, émulos del falangismo tardofranquista, quieren que los españoles vuelvan a enfilar la carretera de Perpiñán. España está en el pelotón de cabeza del Índice Mundial de Libertad Moral, pero con medidas como esta probablemente perderá posiciones. No puede ser. No es comprensible que estemos sometidos ahora a dos moralismos simultáneos: el que nos viene de la nueva extrema derecha, y el que ejerce la izquierda radical incluso desde dentro del PSOE. En algunos debates, y probablemente en este, hacen causa común estrechando el espacio de las posiciones sociopolíticas normales, ancladas en la libertad individual. Otro ejemplo claro de ese doble moralismo es el que afecta al juego (menos, cómo no, al juego ofertado por las administraciones públicas, con el que no se meten porque ese no debe de crear ludopatías…). ¿Qué será lo siguiente? ¿Veremos a agentes de la moral pública, formados por el PSOE o por Vox, exigir más metros de tela en las minifaldas que salgan por la tele, como hace cincuenta años? Ya se ha proscrito a las azafatas y azafatos del automovilismo y del ciclismo, porque usar el cuerpo con fines publicitarios mostrando carne es pecado para esta gente. Vamos para atrás como los cangrejos, y el PSOE es el cangrejo mayor.
Los hombres y mujeres, en todo el planeta, prestan infinidad de servicios físicos con distintas partes de sus cuerpos. La prostitución sólo se diferencia en las partes empleadas. Si deslomarse cargando cajas o fregando suelos es digno, alquilar el cuerpo para un acto sexual es exactamente igual de digno. La indignidad la perciben solamente los colectivistas, para quienes ni siquiera el cuerpo pertenece a la persona que lo habita y resulta que el Estado, en representación de la sociedad, tiene algo que decir sobre el uso que cada persona le dé. Tres siglos de liberalismo social, desde la Ilustración… ¿para esto? ¿Para llegar a una sociedad-colmena en la que el grupo tiene derechos sobre el cuerpo de cada individuo, y puede meterse a legislar, regular, alentar o prohibir determinadas prácticas? Lo que debe perseguirse con todo el peso de la ley es la prostitución forzada y el tráfico de personas. Hay que acabar con esa espantosa esclavitud y con todas las violaciones salvajes de los Derechos Humanos que la acompañan. Y eso no sólo no se consigue, sino que se entorpece, prohibiendo la prostitución normal. Debe regularse su ejercicio, dignificarse a los trabajadores sexuales, incorporarse como una profesión más a la economía del país, y normalizarse su percepción social. Y si los socialistas de verdad quieren abolir cosas que a estas alturas no deberían existir, que empiecen por abolir el intervencionismo económico, social y cultural del Estado en nuestras vidas.
