Uno de los más insignes escritores vivos que ha dado la isla de Cuba es Carlos Alberto Montaner, autor de novelas imprescindibles como “Perromundo” o “La mujer del coronel” y, sobre todo, de libros de no ficción tan importantes como “Las raíces torcidas de América Latina”, una crítica demoledora al marco sociocultural del subcontinente y, por ende, de España. Es muy destacable también su obra “No perdamos también el siglo XXI”, y los dos ensayos escritos a tres plumas junto a Álvaro Vargas Llosa y Plinio Apuleyo Mendoza: “Manual del perfecto idiota latinoamericano” y “Fabricantes de miseria”. En esta última, Montaner y sus coautores trazan un retrato certero de los más destacados grupos sociales que mantienen en la pobreza a los países latinoamericanos y que, al hacerlo, favorecen la expansión del populismo. Naturalmente, se encuentran entre las tipologías tratadas la figura del líder sindical, la del político común, la del alto jerarca clerical o la del magnate de los medios de comunicación, pero a raíz de lo sucedido estos días en el país del autor, en la sufrida Cuba, cabe detenerse en una categoría que se suele asociar con el liberalismo pero, en realidad, suele ser radicalmente antiliberal: el empresariado, y sobre todo el empresariado mercantilista latinoamericano y el empresariado “exterior” español con un pie (o una garra) en América Latina. Ambos son en realidad “empresaurios” a la caza de subvenciones o de ventajas competitivas artificales, derivadas del favor político y creadoras de barreras de entrada a sus competidores. En el caso cubano, sólo podemos hablar de los extranjeros que hacen negocios en la isla, porque el empresariado local no existe o, mejor dicho, sí existe bajo la supuesta propiedad pública de todo, pero no es digno siquiera de llamarse empresariado porque se trata de una simple mafia estatal. Cuando todo es de todos, en realidad es de quienes lo administran, en este caso la “nomenklatura” comunista.
España es el país que más empresas mixtas mantiene en Cuba. En realidad no se las puede llamar así, porque una empresa mixta es una sociedad privada con capital de residentes en dos países. Lo que hay en Cuba son sociedades estatales que explotan servicios o manufacturan productos, y en las que se permite cierta participación privada extranjera, pero no cubana, obviamente. Primera aberración. La segunda aberración: esas empresas se nutren exclusivamente de personal local seleccionado y aportado por el Estado comunista, pagando el empresario extranjero varias veces el coste real, y cobrando al final el cubano una fracción de lo que Cuba exige por él. Es decir, estamos ante un caso de cuasiesclavitud de los cubanos que trabajan para empresas “mixtas”. Además, el beneficio de esas empresas, una vez descontada la parte del socio extranjero, va derecho a las arcas comunistas. A ese régimen teóricamente entregado a la causa de los trabajadores (pero que no permite sindicatos libres) no se le ha ocurrido por ejemplo que los trabajadores de esas empresas pudieran ser copropietarios en régimen de cooperativa. No, el Estado se lo queda todo.
Causa sonrojo saber que una parte enorme de esas situaciones de explotación laboral extrema se deban a los intereses espurios de empresas españolas, sobre todo en el sector turístico. Hay que señalar a las empresas que hacen negocios con la dictadura criminal cubana. El grupo Meliá tiene treinta y seis hoteles y más de quince mil habitaciones en la isla. Iberostar tiene quince hoteles, Barceló tiene tres. Según Hosteltur, hay compañías como Viajes El Corte Inglés o Amadeus que también se lucran con el infortunio de los cubanos. La tabaquera Altadis y varios bancos, como el BBVA y Bankia, completan el “hall of shame” español en la isla-prisión caribeña. Cuando algunos nos preguntamos por qué nuestro gobierno se niega a condenar la tiranía comunista cubana, y por qué incluso actúa entre bastidores para que tampoco Bruselas actúe frente a La Habana, debemos tener en cuenta que, además de cinco ministros de extrema izquierda en el Ejecutivo, tenemos también el mayor lobby económico del mundo a favor de la continuidad de esta insoportable tiranía. En vez de manifestarnos ante el Palacio de Santa Cruz deberíamos hacerlo ante las sedes de Meliá, por ejemplo. Ahora que tanto se habla de responsabilidad social corporativa, ahora que incluso se ha extendido a las personas jurídicas la responsabilidad penal, es muy de lamentar que tengamos un puñado de empresas españolas traficando con el dolor, el hambre, y la desesperanza de un país que acumula ya seis décadas de infierno. Aportan al régimen constantes balones de oxígeno que prolongan su agonía y retrasan la liberación. Merecen la máxima reprobación moral y un duro boicot social. Por solidaridad, escojamos a título personal a cualquiera de sus competidores, nunca a estas empresas mientras sigan vampirizando Cuba. Como consumidores, nosotros sí tenemos la libertad que a los cubanos se les niega. Actuemos. Que pierdan en España más de lo que ganan en Cuba. No alimentemos a estos fabricantes de miseria, cómplices del régimen comunista cubano.
