El martes se presentó en el Senado la séptima edición del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF) que analiza y clasifica a dieciséis comunidades autónomas más las tres diputaciones vascas por su capacidad de competir fiscalmente. La competencia tributaria entre comunidades es una realidad en España, como sucede en todos los países de naturaleza federal, desde los Estados Unidos a Malasia y desde Suiza o Alemania a Australia o Canadá. Nuestro federalismo es imperfecto en casi todo y también lo es en materia fiscal, pero aún así se observa cada año una diferencia de unos veinticinco puntos sobre cien entre la comunidad más competitiva y la menos capaz de competir fiscalmente. En la parte alta de la tabla se sitúan las tres provincias vascas y, desde este año, Andalucía, que asciende al quinto puesto (o tercero si se considerase un solo puesto para Euskadi pese a las pequeñas diferencias entre sus provincias). El progreso de Andalucía ha sido espectacular en estos siete años de publicación del índice, porque comenzó siendo la decimosexta comunidad del ranking en 2017, y es especialmente digna de encomio la labor de Juan Bravo durante su mandato como consejero de Hacienda de esa comunidad. Pero cabe destacar muy especialmente el caso madrileño. Madrid no dispone de concierto económico y aun así lleva cuatro años superando a las tres provincias vascas y a Navarra, además de adelantar también al régimen especial canario y, por supuesto, a todas las demás comunidades de régimen común. Esta es la obra de Javier Fernández-Lasquetty, que ha ocupado la cartera autonómica de Hacienda de 2019 a 2023. Es de esperar que su sucesora, Rocío Albert, continúe apostando por la mayor competitividad fiscal posible para la región, pero más importante aún es que el resto de comunidades emulen a Madrid y reduzcan sustancialmente la carga tributaria que soportan sus residentes y sus empresas. Y no es ninguna quimera, porque algo que pone de manifiesto Cristina Enache, autora del IACF, es que la comparación con Europa resulta muy desfavorable a nuestras comunidades autónomas. Sólo las mejor situadas en el índice llegan a estar en niveles mediocres si las comparamos, impuesto por impuesto, con los países de nuestro entorno europeo e incluso del conjunto del mundo occidental. Por ejemplo, somos de los poquísimos países desarrollados donde persiste el absurdo impuesto sobre el Patrimonio. Madrid fue, hace ya mucho tiempo, la primera comunidad en eliminar esa antigualla, pero tenemos en otra de nuestras comunidades el tipo impositivo más alto del mundo por ese mismo concepto. Madrid también ha eliminado el año pasado todos los impuestos propios que había promulgado adicionalmente a los tributos cedidos parcial o toalmente por el Estado, pero seguimos teniendo comunidades con cinco o más impuestos extra, y en el caso de Cataluña la cifra es mareante: más de una docena de tributos autonómicos lastran a esa comunidad autónoma, que lamentablemente lleva seis años seguidos cerrando el ranking.
Uno de los tributos más injustos que existen está íntegramente cedido a las comunidades autónomas: el impuesto de Sucesiones. Es doblemente injusto porque, por un lado, los mismos bienes tributan varias veces, y, por otro, la discriminación entre tipos de herederos es tan ideológica como arcaica y manipuladora. ¿Por qué debe tributar más el legado que uno deje a un amigo o a un familiar lejano, o a una asociación, que el mismo legado si lo deja a un hijo, progenitor o cónyuge? Son resquicios cuasi-medievales que no tienen hoy ninguna razón de ser. Pero en realidad el impuesto debería desaparecer. La eliminación de Patrimonio y de Sucesiones no debería hacerse por decisión nacional, como pretenden algunos, porque ello invadiría las competencias de las comunidades autónomas en nuestro ya de por sí cicatero semifederalismo fiscal. Tenemos que ir hacia mayor autonomía y competencia entre los modelos fiscales de nuestras regiones, y no hacia la armonización recentralizadora que, por motivos distintos, pretenden tanto la extrema derecha como la izquierda. España es un país diverso y complejo, y deberían ser la comunidades quienes decidieran el tipo de todos los impuestos directos, dentro de una horquilla amplia, y negociaran anualmente sus cupos en una Cámara Alta que adquiriera pleno protagonismo como foro territorial de nuestra federación. A algunos les resultará paradójico, pero esa transformación puede ser la clave que evite aventuras secesionistas y, de paso, reduzca los niveles medios de tributación (y, por ello, también los de coste, volumen e injerencia estatales) en toda España. El federalismo aporta la flexibilidad que mantiene viables los países diversos, como se ha visto claramente en el caso de Bélgica, un país de reciente federalización que sobrevivió así a la pulsión independentista. Sigamos ese camino en lugar de empecinarnos en el ordeno y mando desde la capital y en la empobrecedora “solidaridad interterritorial”, bonito eufemismo que enmascara nuestra inveterada manía de subvencionar la pobreza en vez de combatirla.
