El impuesto especial a los servicios digitales es, como todo impuesto especial, muy impuesto injusto. Es además una provocación comercial innecesaria a los Estados Unidos, ya que más del noventa por ciento de las empresas afectadas son de ese país. Es, además, un impuesto que evidencia la completa ignorancia de los políticos europeos sobre la economía digital. No sólo la desconocen, también la desprecian y, al hacerlo, condenan a sus sociedades a perder el tren de innovación y la modernidad. Este tributo es el resultado de la preocupación de algunos Estados, principalmente europeos, por la supuesta pérdida de ingresos fiscales derivada de la digitalización de la economía. Las reglas tributarias estandarizadas a nivel mundial sitúan el pago de impuestos en el país donde se produce un bien o servicio, y no en el país donde reside el consumidor. El mundo digital no debería ser diferente.
Desde una perspectiva favorable a la libertad económica, la digitalización es una fuerza muy positiva que obliga a los Estados a contener su voracidad fiscal, ya que de otra manera sus empresas no podrían competir en el panorama internacional. Pero, en cualquier caso, la excusa de la obvia transnacionalidad de la prestación de servicios en Internet ha servido a los Estados europeos y a algunos otros para emprender una guerra comercial contra los mayores proveedores online, y notablemente contra empresas de los Estados Unidos. Es una posición francamente cínica, porque no se adoptan medidas equivalentes contra el obvio dumping comercial de China en la producción de bienes físicos, pero en cambio se ataca a un puñado de empresas norteamericanas por el lado de la tributación. Si esa fricción pudo tener sentido mientras en Washington había un gobierno marcadamente contrario al libre comercio internacional y particularmente hostil a Europa, no parece razonable que la bravuconada europea continúe en la actualidad. Y sin embargo, lo que comenzó siendo una airada soflama de Francia y España se ha convertido en tendencia: ya son trece los países europeos que han implantado el impuesto digital o se disponen a hacerlo.
Es una decisión injusta y contraproducente. Es injusta porque, mientras los países europeos se suman al carro de la hiperimposición a las empresas digitales, dicen negociar de buena fe un acuerdo mundial en el marco de la OCDE, que mantiene abierta una ronda multilateral de negociaciones con ciento treinta países para establecer un modelo estándar de aplicación universal. Ese modelo, por lo que se deduce de las negociaciones en curso, introducirá un tramo local en la tributación. Se espera que a mediados de 2021 la OCDE concluya el proceso con una norma general, por lo que la sucesión de actos unilaterales de los países europeos es tan innecesaria como perjudicial para las empresas afectadas. Y es una decisión contraproducente porque Washington no va a quedarse cruzado de brazos. El Gobierno estadounidense sabe que el futuro de la economía es marcadamente digital, y que esta oleada de represión fiscal es en realidad una guerra arancelaria encubierta. De no revertirse esta situación, los europeos debemos esperar una respuesta equivalente de los Estados Unidos contra los productos que les exportamos. Es decir, por culpa de la obstinación en implantar este impuesto absurdo veremos perjudicados a los inversores y trabajadores de nuestras empresas agrícolas, industriales o de otros sectores.
El impuesto a los servicios digitales es una especie de IVA adicional que sólo se aplica a determinadas empresas, prácticamente con un traje a la medida de cada Estado europeo. Difieren mucho los hechos imponibles concretos y también el tipo del impuesto, que en el caso de dos democracias iliberales como Hungría y Turquía alcanza nada menos que el 7,5%, una auténtica locura. Es tan comprensible como deplorable que un gobierno de coalición de izquierda y extrema izquierda, el español, haya sido desde el principio un promotor entusiasta de este tributo en Europa, además de implantarlo sin contemplaciones en España. El resultado es un fuerte encarecimiento de diversos elementos necesarios para la actividad online de las empresas españolas, y notablemente su marketing y su publicidad. Como siempre sucede, la izquierda es incapaz de tener en cuenta las ramificaciones de sus decisiones fiscales. Se le ha dado a Google y a otras empresas extracomunitarias una patada en las posaderas de las pequeñas empresas digitales españolas y, en general, de todo nuestro empresariado, porque los servicios sujetos al impuesto son ya comunes a casi cualquier sector. Esto, sin duda, encarecerá los productos y servicios que consumen los ciudadanos, y ahondará nuestra preocupante brecha digital. Es un impuesto nefasto que nos empobrece a todos, y que urge derogar.
