Este viernes 15 de julio se presenta en Alicante la quinta edición del Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas, que mide y clasifica cada año el grado de libertad económica derivado de las políticas municipales de nuestros cincuenta municipios más poblados. Desde 2018, este estudio anual es pionero al ser el primero en el mundo que se ocupa de la libertad económica en el ámbito local. Diecisiete indicadores básicos conforman las cuatro áreas del índice. La primera es el desempeño económico general, adaptando al nivel local los criterios de los grandes índices internacionales por países. Así, se mide el coste del ayuntamiento (presupuesto partido por población), la deuda municipal y otros factores. La segunda área es la plantilla municipal, tanto general como policial, analizando su magnitud y su coste. En tercer lugar se analiza el grado de intervencionismo municipal basándose en las empresas municipales y en el alcance de la externalización de servicios. Por último, la cuarta área se ocupa de la fiscalidad local, y tiene en cuenta el IBI y los demás impuestos, incluyendo los coeficientes de situación del IAE, que afectan a las empresas. Al acto de Alicante acuden concejales de las tres ciudades que encabezan la edición de 2022: Almería (tercera), Santa Cruz de Tenerife (segunda) y la propia Alicante, que encadena cuatro años en primera posición.
El panorama no es catastrófico pero tampoco puede considerarse alentador. Quince de nuestras mayores ciudades suspenden y obtienen la calificación de “insuficiente libertad económica” al no alcanzar ni tan siquiera cincuenta puntos sobre cien. Por lo menos, a diferencia de los años anteriores, ninguna ciudad cae por debajo de los cuarenta puntos haciéndose acreedora de la etiqueta de “libertad económica deficiente”. Pero entre las peor clasificadas se encuentran un año más las grandes capitales. Suspenden Sevilla (en el puesto 36 de 50) Madrid (44), Valencia (45) y Barcelona (47). Las ciudades peor clasificadas, como Jerez o Tarragona, que cierra el índice, presentan deficiencias importantes en la práctica totalidad de indicadores. Uno de los problemas comunes a las ciudades que no alcanzan el aprobado suele ser el exceso de plantilla en comparación con las ciudades que obtienen una buena nota. Otro es un coste general desmedido del ayuntamiento, sobre todo en las mayores ciudades. También persisten en algunas ciudades serios problemas de deuda pública. Y ya entre los indicadores secundarios, se observan casos de extrema morosidad municipal o de una voracidad sancionadora desproporcionada. Un hecho interesante que se observa desde la primera edición es que tanto los buenos resultados como los malos parecen no guardar tanta correlación con el color político como con otros factores, destacando el tamaño de las ciudades.
La buena noticia es que se observa una tendencia de mejora año a año. Algunas ciudades que suspendían, como Zaragoza, han logrado el aprobado. Se amplía de siete a once el número de ciudades que, al pasar de sesenta puntos, alcanzan la etiqueta de “libertad económica moderada”. Destacan Alicante y Santa Cruz de Tenerife, que este año da la sorpresa al situarse segunda. Vigo queda sexta bajando algunos puestos, pero sigue en el pelotón de cabeza con 61,14 puntos, mientras A Coruña se mantiene entre las ciudades que aprueban, quedando decimocuarta entre las cincuenta más pobladas, con 58,10 puntos. Alicante (65,37 puntos) sigue mostrando un desempeño excepcional en comparación con el resto, aunque este año le pisa los talones Santa Cruz de Tenerife (65,22), a tan sólo quince centésimas. La capital de la Costa Blanca aparece bien posicionada en casi todos los indicadores y ha subido en puntuación todos los años.
La administración local no es la más determinante del grado de libertad económica general, pero su papel no es nada desdeñable. Las políticas municipales influyen, y prueba de ello es el diferencial de más de veinticinco puntos sobre los cien posibles entre la primera y la última. Una gestión local intervencionista perjudica a los vecinos. La presión fiscal excesiva detrae recursos cruciales de sus bolsillos, la deuda y el exceso de subvenciones provocan más impuestos futuros, una política cicatera en materia de IAE expulsa empresas, la morosidad irresponsable y la voracidad sancionadora perjudican a las pymes que crean empleo local, una plantilla desproporcionada quita recursos humanos al sector privado y encarece el ayuntamiento, y un ayuntamiento costoso es una carga para los vecinos más que un factor de bienestar. Es importante que los políticos municipales incluyan entre sus objetivos propiciar un clima de libertad económica para retener y atraer talento y actividad, generando empresas y empleo. El estudio que ahora se presenta busca servir de acicate para que dejen de competir en intervencionismo y pasen a hacerlo en la defensa de la libertad económica, clave de la libertad general de todos.
