Como en toda situación de crisis, los sectores más dañados están organizándose para reclamar la atención y la ayuda del gobierno. Las movilizaciones de los hosteleros y del pequeño comercio son una buena muestra de ello. Se trata de dos sectores que no sólo mantienen infinidad de puestos de trabajo, sino que constituyen un segmento fundamental de nuestra pequeña y mediana empresa. Merecen, como tantas otras pymes, medidas políticas que las ayuden a volver a ponerse en pie.
La cuestión es, a renglón seguido, establecer qué formas de ayuda son adecuadas y, además, justas por no generar agravios comparativos con otros sectores. Debemos tener en cuenta que en estas situaciones siempre hay sectores igual de dañados pero más pequeños y cuya voz es más débil, que terminan por ver cómo los apoyos se destinan a quienes más ruido hacen.
En el caso de la hostelería, es verdad que se la ha culpado injustamente de propagar la epidemia. En general, nuestros establecimientos han sido muy responsables. Los márgenes del sector son exiguos, y aún así han asumido unas limitaciones de aforo y unas restricciones de todo tipo que prácticamente han colocado a estas empresas al borde de la quiebra. Es urgente acabar con la estupidez del toque de queda y con otras medidas de limitación de las horas de apertura, pues no tienen la menor efectividad sanitaria y son letales para el sector. También habrá que ir levantando las restricciones tan pronto bajen los datos de incidencia y se generalicen las vacunas. En cambio, no es razonable pedir rescates. No lo son para ningún sector, nunca. Un rescate es una inyección directa del dinero extraído a contribuyentes que nada tienen que ver con las empresaseneficiarias. La forma de ayudar a los hosteleros es justamente la contraria: quitarles impuestos. Se podría articular una bajada temporal del IVA reducido al nivel del ultrarreducido o, mejor aún, la exención de IVA durante por ejemplo un año. También sería importante condonar la deuda tributaria de las empresas del sector, con efectos retroactivos al primer decreto de alarma. E igualmente, se podría declarar el año 2020 y los dos primeros trimestres de 2021 exentos del impuesto de Sociedades para las pymes, al menos en este sector. Por otro lado, debería levantarse la obligación de contar con autónomos societarios, y los autónomos ordinarios podrían beneficiarse de una exención de cuota por seis o doce meses.
Pero el Estado busca, incluso en estas circunstancias terribles, recaudar todo lo posible. Actúa así como un parásito que no repara en la muerte inminente del organismo parasitado. La última ocurrencia chapucera del gobierno ha sido forzar una bajada de los alquileres, pero en función de cuántos locales tenga el casero. Esto no ayuda a los hosteleros y en cambio perjudica severamente a muchas empresas del sector inmobiliario, con un injusto agravio por el número de locales. Más razonable sería, para ayudar a los hosteleros, aprobar una batida de medidas fiscales de exención y condonación para los inmobiliarios que mantengan o reduzcan el precio de alquiler de sus locales, ya tengan uno o muchos. Hay que tener en cuenta que los hosteleros más vulnerables suelen tener caseros cuyo nivel económico también es medio o bajo. No suelen ser clientes de grandes inmobiliarias, por lo que la medida adoptada por el gobierno sólo va a beneficiar a los establecimientos de hostelería con mayor nivel económico, clientes de grandes arrendadores.
En cuanto al pequeño comercio, le problema ya viene de antes de la pandemia, aunque ésta lo ha acelerado. Y se trata fundamentalmente del cambio de hábitos de consumo, contra el que no se puede hacer nada (a menos que estemos dispuestos a imponer normas de consumo impropias de una sociedad libre). Lo que puede hacerse es, nuevamente, adoptar una ambiciosa política de beneficios fiscales para el pequeño comercio, en línea con lo propuesto para los hosteleros. Pero hay más. Es imprescindible que nuestro pequeño comercio se inserte en el mundo actual adoptando las nuevas tecnologías y facilitando la compra telemática a recoger en el local, que es ejecutable mediante simples formularios web con coste prácticamente cero. También debe incorporar sistemas ágiles y económicos de reparto domiciliario de las compras, alcanzando para ello simples acuerdos con repartidores de las plataformas de "riders" que ya están presentes en toda España. Por cierto, urge reconocer y liberalizar esta nueva fórmular de autoempleo. Y, por último, las organizaciones de pequeños comerciantes podrían perfectamente lanzar sistemas de compra online y reparto capaces de competir con los de las grandes multinaciones de logística. Para ello, debería declararse deducible al cien por ciento la inversión tecnológica de los pequeños comercios. Quienes detestan el creciente monopolio de esas multinacionales deberían ser los primeros en apoyar alternativas que brinden a nuestras tiendas mejores condiciones de venta telemática, porque ésta no va a desaparecer: estamos ante un cambio cultural mundial, y quienes sí desaparecerán serán los incapaces de adaptarse, como ha sucedido con tantas profesiones y sectores enteros a lo largo de la historia.
En definitiva, los afectados por esta grave crisis, en vez de pedir que los demás les rescatemos (como si los demás contribuyentes estuviéramos muy boyantes en este momento), podrían exigir al Estado que les quite las trabas enormes a las que les tiene sometidos, y que alivie sustancialmente el inmoral expolio tributario que sufren. El comerciante y el hostelero medio trabajan más de la mitad de su tiempo para pagar todo tipo de tasas, impuestos y cotizaciones al Estado. Éste y no otro es su problema más grave, con o sin pandemia.
