Es de todo punto inaceptable que el Gobierno suba ahora la cuota efectiva que exige pagar a los trabajadores autónomos, no ya por su beneficio, ni siquiera por su facturación, sino simplemente por existir. Esa cuota ya es de por sí extrema y abusiva. Es de las más altas del mundo. En muchos países de nuestro entorno no existe (aunque sí se obliga a contratar un seguro médico) o es mucho más reducida que en España.
Y además en nuestro país se da la aberración de que las sociedades mercantiles requieran un "autónomo societario". Es decir, imaginemos que usted tiene una trabajo por cuenta ajena que no quiere perder, pero en su tiempo libre monta una tienda o un pequeño negocio, pagando todos los impuestos y las cuotas patronales de sus empleados. Da igual, sigue necesitando darse de alta como autónomo societario y pagar por ello una cuota mensual elevadísima, aparte del problema de tener dos pagadores a efectos del IRPF, y del sobrecoste en gestoría. Esto no tiene pies ni cabeza, pero apenas se cuestiona. No pasa en otros países, pero Spain is different.
El maltrato al autónomo en España es objeto de todo tipo de estudios y análisis comparativos que no es posible leer sin echarse las manos a la cabeza. Ser autónomo en España es heroísmo, locura o ambas cosas. Y cabe preguntarse por qué. La explicación es bien sencilla. Con la llegada al poder de Felipe González en 1982 llegó también la UGT y, por extensión, Comisiones Obreras. Los sindicatos "de clase", con el apoyo del gobierno, adquirieron unas enormes prerrogativas visibles, pero también un poder invisible aún mayor. Y, a diferencia de los países con sindicatos más racionales y sensatos, como Alemania, en España optaron por un sindicalismo irracional, orientado a la lucha por arrancar concesiones salariales y no por contribuir al funcionamiento de las empresas para que pudieran prosperar y así mantener el empleo y mejorar los sueldos. El modelo de empresa que quieren nuestros sindicatos, a los que ahora debemos añadir el de Vox, indistinguible de los de siempre, es el de una empresa de cierto tamaño. Esto les garantiza que haya elecciones sindicales, que puedan tener delegados y liberados, y que su voz se tenga que escuchar en la toma de decisiones, no por los méritos de su aportación, sino por imposición.
Los sindicatos no quieren autónomos ni pymes. Cuestionan las start-ups como un ascensor social indigno que debilita a las grandes empresas en las que ellos creen. "¿Para qué hacer nuevas empresas ocupando parcelas que perfectamente pueden cubrir otras empresas más grandes ya existentes?", se preguntan los sindicalistas. Para ellos, fundar una microempresa y luchar por subsistir con un solo empleado o unos pocos, es avaricia e insolidaridad. Hay que ser cola de león, nunca cabeza de ratón. Al obrero, al proletario, lo quieren sometido a una estructura colectiva de cientos o, cuando menos, decenas de personas. Es en ese tipo de organizaciones colectivizadas donde los sindicatos pueden medrar. Los modelos de producción y de organización empresarial actuales, que favorecen la cooperación en redes de individuos independientes interconectados, les parecen un anatema a estos aristócratas del mono azul. ¿Cómo van a sindicar y movilizar a individuos autosuficientes si son, cada uno, su propia empresa?
España tiene la productividad por los suelos y un paro, sobre todo juvenil, absolutamente rampante. En medio de una crisis extrema derivada de la pandemia y, sobre todo, de su pésima gestión económica por parte del gobierno, lo que menos necesitamos es entorpecer más todavía el emprendimiento. Antes al contrario, este momento debería ser el de la eliminación total de trabas para que la gente más golpeada por el hundimiento de nuestra economía pudiera salir adelante emprendiendo, y para que los jóvenes pudieran comenzar su vida laboral como autónomos.
Eliminemos la cuota a los autónomos nuevos y/o jóvenes, y no sólo para el primer año, sino con un incremento gradual hasta un máximo que debe ser mucho más reducido que el actual, en línea con los países europeos que mejor los tratan. Hagamos, además, que paguen en función del resultado económico de sus negocios, con amplios mínimos exentos. Pero es imposible: tenemos un gobierno fuertemente ideologizado en el anticapitalismo, y condicionado además por los sindicatos. Los autónomos, el grupo humano que más puede hacer por sacarnos del marasmo, son para él un objetivo a someter y vampirizar. Esa mentalidad, y la consiguiente subida de la cuota efectiva de nuestros autónomos, van a pasar una factura elevada a toda la sociedad española.
Pero la voracidad del gobierno Sánchez puede tener también un efecto que muchos considerarían negativo, pero que a mí me parece positivo: un aumento sustancial de la mal llamada economía "sumergida". Esa economía libre y desestatalizada, que se desarrolla entre los particulares sin pasar por los peajes ya astronómicos de la oficialidad, es imprescindible en los momentos de gravísima crisis, como han demostrado todas las posguerras. Esta "contraeconomía", como la llamó Samuel Konkin, no sólo permite la subsistencia de infinidad de personas que no podrían alcanzar el listón excesivo y cruel que se les exige para operar "en A", sino que tiene un efecto más beneficioso aún: niega al Estado una parte de los recursos que podría extraer, y que se pierde por codicioso. Es mejor así, porque cada céntimo es mucho más útil y productivo en los bolsillos de la gente que en las arcas del Estado.
