¿Quiénes se han creído que son los jueces del mal llamado Tribunal Constitucional? Mal llamado porque la palabra "tribunal" induce a creer que se trata de un órgano netamente judicial, con la presunción de neutralidad e imparcialidad que acompaña a la administración de Justicia, pero en realidad es un órgano absolutamente politizado. De hecho, lo nombra la cúpula de los partidos hegemónicos. Durante décadas, el TC ha operado como una especie de tercera cámara que enmienda, corrige o afina lo decidido por las otras dos, las que sí son elegidas por la ciudadanía. Es decir, en España tenemos una democracia tutelada paternalmente por un órgano nombrado por las cúpulas de PP y PSOE, que "corrige" el rumbo cuando, a su sesudo juicio, las cosas no van por donde deben.
Un tribunal constitucional es de por sí un órgano jurisdiccional innecesario. En los Estados Unidos y en bastantes países más, no existe. Corresponde a la justicia ordinaria dirimir los casos en que una norma o ley, a cualquier nivel territorial, entra en conflicto con la carta magna. Como mucho, podrá haber una sala de lo constitucional en el Supremo, para la oportuna casación. En los países donde sí hay una corte constitucional, ésta se dedica fundamentalmente a revertir las situaciones de clara inconstitucionalidad, no a ejercer de oráculo interpretador sobre el significado arcano del texto. Aquí, el TC se ha pasado y lleva demasiado tiempo pasándose. Todo empezó con la LOAPA, ya en la Transición. El TC sirvió a los dos grandes partidos de ámbito estatal para reinterpretar el pacto territorial de la Constitución de 1978, rebajando radicalmente el marco cuasifederal que se había acordado. Después, instrumentos como el recurso previo de inconstitucionalidad han entorpecido la normal evolución de la sociedad española. El abuso de esa herramienta ha invadido la libertad del legislador una y otra vez, sobre todo en relación con las asambleas autonómicas. Incluso, en algunos episodios recientes, hemos visto al TC imponer cauciones o sanciones y actuar, en general, de formas inéditas en Derecho comparado para una corte constitucional, invadiendo así, también, las atribuciones del poder judicial normal y ordinariamente constituido.
La última barbaridad, porque no puede calificarse de otra manera, que han cometido los jueces del TC ha sido atentar contra la vertiente más sagrada de la libertad de los ciudadanos: la de expresión, piedra angular de todo el edificio de libertades. Lo ha hecho esta semana, por un solo voto de diferencia, y en relación con lo que llaman "ultraje" a la bandera. El ultraje lo han cometido ellos contra la libertad de opinión y expresión, que es superior a todo, Constitución incluida. Y esto de ninguna manera puede quedar así.
Cincuenta mil dólares es la multa que te ponen en Hong Kong por abuchear el himno de la China comunista en los eventos deportivos. Pero es normal: China es un régimen totalitario, dictatorial, tiránico, donde la libertad del individuo no vale nada. ¿De verdad se han creído los jueces del TC que pueden hacernos lo mismo a los españoles? Hay que recordar que, en una sentencia histórica, el Supremo estadounidense dictó en 1989 justo lo contrario: que "ultrajar" símbolos del Estado no puede considerarse delito, pues forma parte de la libre expresión de cada cual. Ese mismo año cayó el Muro de Berlín. Hay que preguntarse el porqué de este retroceso de la libertad de expresión, aquí y en otros países. Estamos conmemorando la salvajada de los atentados contra la revista Charlie Hebdo por su legítimo "ultraje" de los símbolos de una religión, y a la vez estamos prohibiendo el "ultraje" de los de un Estado, que es igual de legítimo. ¿Qué locura es esta?
Quemaremos cualquier bandera cuando nos plazca, pitaremos cualquier himno, pisotearemos cualquier símbolo. Los símbolos que a unos entusiasman a otros repugnan. Cuando voy por la calle y veo a alguien con una camiseta en la que está estampada la cara del Che o la de Hitler, dos terribles asesinos, me produce asco pero me aguanto porque su libertad de expresarse así es superior a mis sentimientos particulares. Todo el mundo puede llevar una esvástica, la hoz y el martillo, el yugo y las flechas, el hacha y la serpiente, la estela negra del Daesh o lo que le dé la real gana, por abyecto que a los demás nos parezca. Faltaría más. Y puede, en sentido opuesto, destruir una enseña extranjera, nacional, autonómica, local o de un club de fútbol, o el logo de un partido, de un sindicato, de un empresa o de una peña rociera, o la foto del jefe del Estado o de cualquier otro cargo. Es su libertad de expresión. Si no me gusta, miro a otro lado. Y si quiero, respondo y simbolizo mi oposición "ultrajando" los símbolos que a él le gustan.
El TC ha vuelto a las andadas reescribiendo la Constitución y estrechando los grandes pactos de nuestra Transición con una sentencia infame e impropia de un país libre, democrático y avanzado de la Europa Occidental. Las decisiones injustas e invasivas de la sagrada libertad personal, que es un fundamental e inalienable, merecen condena, desprecio y, llegado el caso, incumplimiento. Pero, como no se puede llamar desde estas páginas a hacer algo prohibido por nuestros amos orwellianos, haré un llamamiento a algo que todavía no se les ha ocurrido prohibir. Quememos togas. Simbolicemos nuestro rechazo a este atropello tosco y brutal a nuestra libertad básica de opinión y expresión quemando togas representativas de un pseudotribunal que se ha convertido, como el título de la novela de Valle-Inclán, en un auténtico Tirano Banderas.
