Los padres de Marta del Castillo, la menor sevillana desaparecida y con toda probabilidad asesinada hace meses, han logrado reunir más de un millón de firmas a través de la plataforma Todos somos Marta, para reclamar el endurecimiento de las penas para asesinos de mujeres, violadores y pederastas, así como la introducción de la cadena perpetua en el Código Penal.
Vaya por delante el reconocimiento al coraje de la familia de esta chica, obligada a vivir un auténtico infierno por la que seguramente es la tragedia más dura que pueda sufrir un padre. Es admirable que, después de todo lo ocurrido (igual que los de Mariluz Cortés), puedan mantener la entereza suficiente para abanderar campañas en demanda de justicia.
Sin embargo, es dudoso que esa sea la vía más adecuada para que la ley repare lo que afectivamente no tiene reparación. La reflexión que exigen las escandalosas estadísticas -pese a los tímidos avances- de violencia en el ámbito doméstico y más concretamente sobre las mujeres, no puede quedar fiada a quienes viven bajo el peso de haber perdido lo que más querían, víctimas de la brutalidad y la perversión.
Sobre todo porque existe la tendencia de envolver todo en un totum revolutum, cuando la justicia consiste justamente en lo contrario: aplicar a cada ocasión lo que en Derecho corresponda de acuerdo con los hechos acaecidos. A diferencia de Marta, en lo referente a la pequeña Mariluz, por ejemplo, es probable que si un juez hubiese comprobado que se cumplía lo que él mismo había ordenado, tal vez a estas horas la niña crecería feliz sin que los demás tuviésemos noticias de su existencia.
Modernizar la maquinaria judicial y revisar los beneficios carcelarios sería ya un gran paso en la evitación de decisiones que provocan tanto escarnio y alarma social como dolor a víctimas y familiares.
