Los concellos en los que hay obras del AVE han decidido cobrar una tasa al transporte pesado por el deterioro que generan en vías o caminos locales, dado lo remisas que suelen ser las empresas para reparar los daños causados. Bien está que las instituciones locales se defiendan ante lo que en ocasiones raya en la prepotencia. Al fin y al cabo, las compañías que se adjudican las obras son entes muy poderosos para concellos con apenas capacidad coercitiva ante semejantes enemigos. No digamos cuando los afectados son particulares, pues se les ignora totalmente o se les prometen solucionesque luego se incumplen.
La propiedad privada lleva las de perder, pues también las Administraciones son rácanas con sus obligaciones. Expropian terrenos para nuevas infraestructuras o mejorar las existentes, pagando una miseria. Si el afectado decide recurrir esas injusticias, comenzarán las obras, entrarán en servicio -a veces mediando años entre el primer paso y el último-, sin que los titulares de los bienes expropiados hayan visto un duro.
Para dar una idea, digamos la circunvalación de Ourense entre Rairo y Seixalbo, abierta al tráfico hace un par de semanas. Los dueños de las parcelas afectadas que hubiesen mostrado desacuerdo con la indemnización ofrecida unilateralmente por la Administración que expropia, a estas alturas no habrá recibido la más mínima respuesta, salvo la de que el órgano correspondiente resolverá cuando lo haya menester. Todo eso sin salir del ámbito administrativo, por lo que si el desacuerdo hiciese necesario acudir a la justicia, ya tiene usted unos cuantos años antes de la decisión definitiva. ¿Y si el bien expropiado fuese una casa y el propietario careciese de medios para buscar una alternativa? ¡Ah!
