Llegan todavía ecos de asombro, irritación y sorna, después de que el presidente de la Xunta se pronunciase recientemente a favor de un sistema de televisiones públicas viables y con conciencia crítica, como instrumento para garantizar la salud democrática de la sociedad. Maravillosa utopía, si no fuera porque la experiencia, la realidad general y la suya propia se encargan de demostrar lo contrario, de forma que dentro de esa filosofía hay lo mismo que en una caja vacía. Nada. Al menos, nada consistente. Al contrario, abogar por una televisión crítica cuando la TVG está más cuestionada que nunca por los niveles de manipulación informativa a los que está siendo sometida en favor del poder, que curiosamente ostenta Alberto Núñez Feijóo, es un grotesco ejercicio de cinismo construido para confundir y desinformar a la opinión pública. No se puede reclamar independencia en un medio cuando sistemáticamente se lo utiliza para favorecer al Gobierno de turno y al actual presidente de la Xunta en particular.
Qué pena que conociendo el pensamiento de Núñez Feijóo, la televisión autonómica gallega hubiese desaprovechado, por ejemplo, la ocasión de transmitir en directo el primer pleno del Parlamento en el que se abordó el escándalo surgido por las fotos del hoy presidente y el narcotraficante Marcial Dorado. La TVG no hizo entonces gala de la independencia que proclama el jefe del Ejecutivo y los ciudadanos tuvieron que seguir en medios de difusión privados aquella sesión, que pasará a la historia de la Cámara por ser, probablemente, la que más expectación despertó en treinta años, dado el número de medios acreditados, gallegos, nacionales y extranjeros, prueba inequívoca del interés general que había suscitado el debate.
Lejos, muy lejos de esa televisión crítica reclamada de cara a la galería, el canal que controla el señor Feijóo absorbe cantidades ingentes de dinero inyectadas por un Ejecutivo que, no contento con sostener un ente público maleado y desorbitado (mientras merma los recursos destinados al desarrollo de una sociedad moderna y empresarialmente potente), dedica enormes esfuerzos y dinero a tratar de domesticar también los medios privados. A base de subvenciones y convenios distribuidos discrecionalmente, el Gobierno gallego se empeña en arrimar la información a sus intereses, premiando a los obedientes y castigando las voces críticas. La televisión pública, independiente y viable que Feijóo dice ansiar en realidad está siendo más que nunca el primer paso para desestabilizar el mercado de la comunicación, hurtando a los operadores privados oportunidades de negocio y, en consecuencia, la posibilidad de hacerse más fuertes, libres y plurales. No satisfecho con eso, interviene caprichosamente en la libre competencia que debe imperar en el sector, incentivando y pagando la entrada de empresas amigas en territorios donde los lectores, en un ejercicio de libertad, les vetan el camino simplemente porque sus preferencias son otras. Así se maneja un Gobierno que hace gala de alimentar estrategias de competencia desleal y dumping empresarial sostenidas desde grupos que, por ser afines y empleando fondos regalados por la Administración, venden espacios publicitarios por debajo de coste y regalan periódicos en provincias donde otros legítimamente se han ganado el liderazgo. Pero es no es todo, la última osadía de esta Xunta que reparte la inversión publicitaria a capricho y conveniencia consiste en imponer su propia política de precios, reventando la autonomía empresarial y el derecho de la audiencia a elegir dónde informarse, y beneficiando una vez más a sus grandes aliados mediáticos. Desvergonzado y deshonesto. Más aún viniendo de un partido de planteamientos teóricos liberales en lo económico, pero que en el ejercicio del poder consolida un engendro público inútil y ruinoso para la sociedad como es la CRTVG, al tiempo que desarrolla, de modo espurio e indisimulado, una táctica intervencionista en el mercado privado. En resumen, un fraude a su electorado a y la ciudadanía en general.
Todo eso y más está promoviendo un Feijóo que, cuando aspiraba a gobernar Galicia en 2009, presumía en su programa electoral de la intención de elaborar un marco legal que garantizase la objetividad y la transparencia de las 'ayudas' a los medios de comunicación. Loable declaración de intenciones aunque con paupérrimo planteamiento, porque lo cierto es que los medios de comunicación privados no precisan ayudas de la Administración, sino que esta se limite a derribar los obstáculos que pone deliberadamente a la independencia del sector. La ciudadanía necesita medios de información profesionales y la Administración tiene la obligación de atender a esta necesidad, gestionando sus planes de comunicación de forma apartidista, rigurosa y diáfana. Esa es toda la ayuda que se requiere. La Administración necesita de los medios y no al revés, porque los medios privados son los mecanismos más eficientes para canalizar sus mensajes y arbitrar su diálogo con los administrados.
Nada se sabe de ese marco legal para regular la política de comunicación de la Xunta; por contra, el ansia manipuladora crece exponencialmente. Por supuesto, nadie sabe tampoco dónde está esa televisión pública, crítica y viable que defiende Feijóo, fundamentalmente, porque es por definición imposible de alcanzar. Puede el presidente seguir vendiendo milagrosos crecepelos, pero él es consciente de que el modo de garantizar la viabilidad y la independencia de la televisión pública es desmantelar el monstruo paulatinamente y destinar sus recursos a misiones de verdadero interés social, como es el normal desarrollo de una industria de la comunicación privada, independiente, solvente, al servicio del ciudadano y no sometida a una clase política cuya prioridad reside en aferrarse al poder. Aunque eso, queda demostrado, no interesa a quienes gobiernan.
