La todavía secretaria xeral de Turismo, Carmen Pardo, con esa tontorrona mezcla de soberbia y candidez que caracteriza su modus operandi, se ha despachado diciendo ahora que si el grupo Mas Costas no hubiese entrado en Meisa, 'la solución hubiese sido cerrar' la estación de montaña. Acaba de decirlo públicamente, en Radio Ourense, así, sencillamente, de forma clara y directa, presumiendo de lo que no ha sido más que una gestión perezosa, chapucera y con la marca inconfundible de este Ejecutivo. Nada novedoso porque en Ourense tenemos sobrados ejemplos de razonamientos y comportamientos de este estilo en la actual Xunta, pero sí llamativo y osado por cuanto, en el afán de colgarse medallas, Pardo no hace sino desmentir al presidente Feijóo, quien siempre sostuvo públicamente que Manzaneda era un proyecto viable. ¿Quién miente?, presidente. ¿Era viable o la iban a cerrar? Acostumbrados nos tienen los políticos a mentirse y desmentirse pero molesta especialmente que quienes la líen e intenten liarnos a todos los ourensanos sean dos paisanos.
Vayamos por partes para no perdernos. La incidencia socioeconómica de Manzaneda está demostrada y avalada por la historia y si hoy tiene deficiencias, éstas son directamente atribuibles a la incuria de la Administración autonómica, máximo accionista. El contumaz ninguneo inversor a que fue sometida a lo largo de los años, derivó en una progresiva pérdida de competitividad que está lastrando su funcionamiento. Y cuando se decidió invertir se hizo de forma equivocada, valga de ejemplo el dispendio realizado en un telesilla absolutamente excesivo.
Alberto Núñez Feijóo llegó a la Presidencia de la Xunta con la promesa de resolver la discriminación histórica con Ourense. Y el resultado es que apenas un mandato después, esa discriminación es más notable que nunca. En el caso de la estación de Manzaneda, de lo que se trataba únicamente era de actualizar y modernizar las instalaciones, iniciativa perfectamente asumible desde el ámbito presupuestario, pues las necesidades estaban muy lejos de proyectos acometidos en la provincia de A Coruña tan faraónicos y cuestionados como ese puerto exterior donde acabarán sepultados mil millones de euros. En Meisa bastaban seis millones para una reparación y puesta al día que permitiese sacarla posteriormente a concurso, en libre concurrencia y competencia, con publicidad, luz y taquígrafos, y finalmente entregarla al gestor que ofreciese más ventajas y mayores garantías. No hacía falta inventar nada porque fueron procedimientos semejantes empleados con éxito antes para la concesión de múltiples instalaciones y servicios públicos.
La falta de visión política, la parálisis de ideas y de acción que ha marcado este gobierno y las amenazas de un periódico coruñés que no tolera que la única estación de montaña de Galicia esté fuera de su territorio y menos en la provincia de Ourense, hicieron que lo sencillo entrase por derroteros mucho menos diáfanos. Feijóo cedió y abandonó el interés general de los ourensanos para atender al chantaje mediático y, de paso, su propio interés. Antes, el presidente de la Xunta se había comprometido ante los trabajadores (y en medio del clamor de vecinos, políticos y empresarios ourensanos) a modernizar un complejo que en todo momento calificó de absolutamente viable. Finalmente ofreció su fórmula para Manzaneda pero no lo hizo invirtiendo en ella sino con una opaca y enrevesada carambola que no resuelve ni de lejos el futuro con la solvencia que sería exigible.
Permitió que Novagalicia Banco, creada con las antiguas cajas y por tanto con el ahorro de los ourensanos, abandonase el accionariado de un proyecto socioempresarial vital para esta provincia y fundamental dentro de la oferta turística gallega. Ese Banco que tomó la decisión de desinvertir en Meisa es el mismo que se mantiene como accionista en V Televisión, empresa privada coruñesa en la que Caixa Galicia desembolsó en su momento y de forma opaca 10 millones de euros, casi el triple que los otros dos socios fundadores de un experimento empresarial que pierde en sólo un año bastante más que Meisa en cinco. Curiosamente, el grupo Voz, propietario de V Televisión, se ha caracterizado siempre por su militancia en contra de la estación de montaña, con continuas informaciones destinadas a desprestigiar Meisa y a advertir a Feijóo de que cualquier intento de revitalizar el proyecto sería motivo de persecución editorial.
Lo cierto es que la Xunta facilitó la salida de NCGB y forzó una operación nunca detallada públicamente en la que las acciones del banco pasaban (no se sabe a qué precio) a manos de un grupo empresarial. En resumen, una entidad bancaria forjada con el dinero de todos los gallegos abandona caprichosamente una iniciativa estratégica para Galicia y, en paralelo, se aboca a una empresa privada, elegida a dedo, a hacerse cargo de una iniciativa estratégica sin dotarla previamente de la más mínima inyección económica de dinero público, forzándola a asumir las pérdidas iniciales que eso comporta y disparando con ello el riesgo a futuro. Es lítico exigir una explicación a la ciudadanía que despeje la sospecha de que todo ha sido resuelto al servicio de intereses políticos privados, tejiendo obligaciones, pactando no se sabe qué contraprestaciones para beneficiar a los amigos y salvar una vez más la presión de un ambicioso rey coruñés que aspira sin éxito desde hace muchos años a decidir lo que le conviene a los gallegos, barriendo siempre para su casa, esto es Sabón y alrededores.
Por tanto, si un día la estación de montaña se viese obligada a cerrar sus puertas, la responsabilidad sería exclusivamente del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y de quien ahora lo desmiente, su secretaria xeral de Turismo, Carmen Pardo, por haber despreciado y desperdiciado una oportunidad histórica. Sea como fuere, queda para la historia de la estulticia política la osadía de una gestora pardilla que se cree tan poderosa como para cerrar uno de los proyectos turísticos más importantes del Noroeste peninsular. No es más que una de las manifestaciones de la ceguera inconsciente de una administración autonómica que gasta 120 millones al año para tener a su servicio una televisión pública o 36 millones para un carril bici en Baiona y, sin embargo, no tiene inconveniente en cerrar colegios o hacer peligrar proyectos vitales para la Galicia interior con el pretexto de ahorrarse unas monedas.
