Uno de los temas recurrentes entre los políticos de Podemos y Sumar (y no pocas veces asumido por partidos ya maduros como PSOE o BNG) es el del impuesto del patrimonio, que sacó en el debate de candidatos de la TVG Marta Lois, quien en su defensa de este tributo, inexistente por cierto en cualquier otro país de la Unión Europea, presumió de que no conocía a nadie que tuviese dos millones de euros, base mínima a partir de la cual se cotiza por ese impuesto en Galicia. El tema volvería a ser utilizado por Isabel Faraldo, de Podemos, y el propio candidato socialista Gómez Besteiro se subió al carro presumiendo de que él tampoco tenía amigos de tanto patrimonio. Y ya subidos al viejo truquillo de contraponer a pobres (ellos) y ricos (los demás), Faraldo no perdió la ocasión de señalar a Amancio Ortega. Como si ser un empresario con un modelo de negocio de éxito en Galicia y en el mundo fuese un demérito y hubiese que acribillarlo a impuestos hasta que termine marchándose del país.
Curiosamente, mientras en otros países europeos se sienten orgullosos de sus capitanes de empresa y más aún cuando se trata de grandes triunfadores que no solo pagan sus impuestos, sino que además hacen ejercicio de una generosa filantropía, en España hay quienes hacen campaña y populismo lanzando acérrimas críticas contra ellos, de modo que Ortega se ha convertido en la principal diana dentro de un discurso chavista, que en la teoría presume de ser el azote de los grandes empresarios pero en la práctica se muestra incapaz de propiciar el hábitat preciso para la creación de empleo. Todavía está fresca en la memoria la imagen de Yolanda Díaz alabando las excelencias de Hugo Chávez y deseando un mundo gobernado por el bolivarismo, mientras gran parte del pueblo venezolano caminaba entre el hambre y los supermercados desabastecidos. Aquella Yolanda Díaz que defendía el reparto justo de la miseria es hoy, cuesta creerlo, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo.
Se sabe por experiencia que no son los gobiernos, ni son los políticos y mucho menos los mesías populistas, quienes crean el empleo y la riqueza de un país, ni quienes deben administrar lo privado porque acaban malversándolo. Son los empresarios. Desde el humilde autónomo que tiene un trabajador a media jornada que le ayuda en su pequeño negocio hasta las grandes empresas. Y en todos estos discursos simplistas se obvia que la crispación, la inseguridad jurídica, las políticas fiscales electoralistas castigan a quienes más arriesgan y disuaden a los emprendedores, imponiendo costes salariales a veces inasumibles. Los políticos no crean empleo, pero sí tienen capacidad para destruirlo, y una forma de hacerlo es fomentar esa infantil confrontación entre empresa y empleado. No es posible lo uno sin lo otro y cualquier político que no entienda algo tan básico no está legitimado para gestionar las líneas estrategias de la empresa y del empleo ni en este ni en ningún otro país del mundo.
El caso es que la candidata gallega de Sumar pregonaba que no conoce a nadie que tenga dos millones como algo de lo que se sentía orgullosa, cuando en realidad ese es, precisamente, el problema gallego, la falta de mayor músculo empresarial y económico. Otro gallo nos cantaría si hubiese muchos gallegos con dos millones de euros. Entonces nadie se plantearía subir el impuesto de patrimonio, como nadie lo hace en Reino Unido, Alemania o Francia, porque allí lo que importa es el empleo y por tanto la empresa. Sin complejos ni prejuicios. Ojalá hubiese millones de gallegos con millones.
