Resulta cuando menos reveladora la respuesta que el propietario del diario coruñés La Voz de Galicia, Santiago Rey, ha dado a la propuesta de La Región de que se lleve a cabo una auditoría independiente y de total garantía sobre las respectivas vinculaciones de ambos medios con las Administraciones Públicas a todos los niveles. Y resulta tanto más reveladora cuanto que, a la vista de otras reacciones conocidas y provenientes de distintos ámbitos de la comunidad autónoma, no parece que tal propuesta parezca descabellada o inasumible.
¿Y cómo ha reaccionado el diario coruñés ante este planteamiento? ¿Dispuesto a discutir y negociar los términos de esa auditoría que sirva para aclarar de manera transparente la nebulosa en que se mueven los contribuyentes gallegos que tienen no pocas dudas sobre el destino de sus impuestos y la financiación de los presuntos altavoces de quienes están en el poder? Si, como se ha dado a entender, esta Empresa juega con cartas marcadas a ese respecto, ¿por qué hurtar a la sociedad gallega esa total transparencia que desde aquí se reclama con toda legitimidad? ¿A qué teme La Voz de Galicia? ¿A que se ponga al descubierto su estrategia de perseguir el monopolio del mercado informativo gallego? ¿A que los contribuyentes puedan comprobar de qué manera se van por el sumidero del despilfarro los cuantiosos fondos recopilados? ¿A que adviertan igualmen te cómo ingentes cantidades de buena parte del dinero que recibe se destina al servicio de una competencia feroz y desleal fuera de sus mercados naturales que llevan a unos beneficios raquíticos a una empresa de su dimensión? Como si lloviera. Todo apunta a que al propietario de La Voz no le interesa entrar en el terreno de lo concreto y sí mantenerse, por el contrario, en la ambigüedad y en la imputación a los demás de sus propias vergüenzas. Al propietario de La Voz de Galicia no le interesa dar cuenta a sus lectores de las ayudas recibidas de las Administraciones Públicas por las múltiples vías que le han venido llegando y le llegan, ya que es precisamente el Grupo Voz, como es bien sabido en el mundo de la comunicación, el mayor beneficiario de las ayudas a los medios informativos de manera permanente por Papá Estado a través de varios y sucesivos gobiernos. Tan es así que de una supuesta tarta de la Xunta, po ejemplo, la empresa de Santiago Rey se llevaría bastante más de la cuarta parte del total... y el Grupo La Región, su bicha permanente y ahora mismo la obsesivamente enfocada, estaría justamente en el polo opuesto; es decir, en el menos apoyado por el gobierno autonómico con independencia de su situación de claro liderazgo en el mercado informativo de la provincia de Ourense. Y esto, además, para con el único periódico que sí se ha comprado su propia rotativa.
De esta inocultable realidad, por mucho que se empeñe el propietario de La Voz de Galicia, reconocido experto en jugar con varias barajas y reglas del juego a la vez, incluida su pretensión de hacer bailar a los políticos gallegos al son que el diario coruñés decida tocar en cada momento, se sustancia esa postura de apariencia que viene llevando a cabo a base de tirar la piedra y esconder la mano. No habrá que perder de vista a este respecto que ya en la etapa de Fernando González Laxe al frente de la Xunta de Galicia, cuando los directivos de todos los medios informativos de la comunidad autónoma se reunieron con el presidente del gobierno gallego para buscar un mecanismo transparente y con control parlamentario que velara sobre las cantidades destinadas por la Xunta a estos medios, por convenios, publicidad, promociones, campañas, etc., sólo hubo una voz discordante al respecto: precisamente la de Santiago Rey y La Voz de Galicia. La Región se honra de haber promovido aquella iniciativa mediante la presentación de un borrador de documento basado en la legislación internacional.
Insisto en la anterior propuesta, la única que puede presentar ante la opinión pública de Galicia los datos que permitan determinar quién lleva razón en esta historia: si los que tiran la piedra o quienes son apedreados. Una auditoría independiente y de total garantía que ponga la verdad ante los ojos de los ciudadanos de una vez por todas. La cuestión es así de sencilla.
