A base de incumplimientos reiterados, los políticos se han ganado fama de informales e incluso de embusteros. Hablan sin medida para defender lo indefendible y prometen sin tasa a sabiendas de que jamás podrán colmar sus compromisos. No hablemos de lo que dicen durante las campañas electorales, porque cualquier parecido entre sus discursos y la realidad es pura coincidencia, hasta el punto de que gran parte de la ciudadanía asume como naturalidad que un candidato recurra al engaño en los procesos electorales. El hecho de que un representante público incumpla sus compromisos o, como está ocurriendo, haga justo lo contrario de lo que había anunciado, debe ser motivo de escarnio y de castigo. La deslealtad de los políticos con sus votantes no puede ser aceptada jamás como una pauta de normalidad, por más que llevemos años sufriéndola.
La gravedad de la situación actual debería servir para despertar la conciencia social y ponerla a trabajar en busca de un nuevo orden en el que los políticos estén obligados a satisfacer de manera escrupulosa la ley y la ética, además de, por supuesto, cuidar sobremanera el destino de cada euro público. Es momento de reclamar un punto de inflexión que imponga la probidad en el comportamiento de los servidores públicos, so pena del desprestigio y la dura condena social.
No se puede tolerar, por ejemplo, que el máximo órgano de la Xunta, con su presidente Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, condone una multa de tres millones de euros a la empresa de un cargo de su partido, hablamos de Telmo Martín (ex alcalde de Sanxenxo, ex candidato a la Alcaldía de Pontevedra, constructor y hoy diputado en el Congreso) por construir un edificio que invadió dominio público en la playa de Silgar y no sólo no dé explicación alguna sino que intente ocultarlo a la opinión pública.
¿Dónde está la exigencia de honestidad y regeneración ética predicada por el máximo responsable del Partido Popular de Galicia y de la Xunta? Fue precisamente Feijóo quien dijo recientemente, que 'el rigor que se le pide a un político está por encima del que se exige al resto de la sociedad'. ¿Dónde está el rigor y dónde las explicaciones? Ni lo uno ni lo otro, al contrario, el presidente del PP y de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, intenta zanjar el asunto asegurando que existe una persecución contra su compañero de partido y amigo Telmo Martín, cuando debería ser el primero en rendir cuentas públicamente sobre el asunto y desmontar la más mínima sospecha de trato de favor. ¿Acaso no es Louzán el presidente del PP pontevedrés y por tanto responsable de garantizar y demostrar, cuando surgen dudas razonables, que los cargos de su partido cumplen escrupulosamente con la ética que dicen defender.
Pero la responsabilidad no para ahí. Telmo Martín fue promocionado en el ámbito político por Alberto Núñez Feijóo para optar a la Alcaldía de Pontevedra, obviando todo lo que este hombre traía tras de sí por su actividad urbanística, con antecedentes similares al que se despacha ahora. ¿Cómo puede la primera autoridad gallega pasarse el día reclamando rigor y limpieza en la política, cuando después responde con anuencia a asuntos como este? Por cambiar de ejemplo, ¿cómo casa su discurso con el caso Rogelio Martínez, delegado de la Xunta en Ourense, imputado por presunta malversación de fondos, mientras el partido se hace el despistado, sin que se conozcan muy bien las verdaderas razones para mantenerle en el puesto? ¿Por qué tantos titubeos para condenar públicamente el proceder de Conde Roa, ex alcalde de Santiago, pese a haber reconocido que no había declarado al fisco el IVA pagado por 61 propietarios que le habían comprado una vivienda. Fue finalmente la implacable presión social la que obligó al PP a apartarle de la vida pública.
Es hora de aplicar la tolerancia cero frente a la doble moral, frente a las conductas inapropiadas, tanto para quien las comete como para quien las ampara o consiente. Necesitamos aire fresco.
