Ante la nueva liberación masiva de presos etarras sin cumplir ni treinta de sus miles de años de condenas, además que señalar como responsables a los jueces de la sala primera de la Audiencia Nacional que los redimen, debemos recordar que son parte de algo mayor: las camarillas ideologizadas que dominan la carrera y ven al Estado democrático como si fuera el franquismo.
Prácticamente todas las decisiones que benefician a terroristas o a los actos de manipulación de las leyes, como hacen por ejemplo en Cataluña, están bajo la jurisdicción de supuestos progresistas y nacionalistas de la “Unión Progresista de Fiscales” y “Jueces para la Democracia”.
Aunque minoritarias en las carreras fiscal o judicial son enormemente influyentes porque representan la grandiosidad de lo moralmente superior, y convierten la justicia en farsa apelando siempre al Art. 25.2 de la Constitución que señala que “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”.
Así imponen lo políticamente correcto sobre la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Francisco de Vitoria, y sobre miles de jueces no asociados, mayoritariamente independientes y no ideologizados.
La judicatura española sufre terribles lacras, como la de disponer de pocos medios o la mitad de jueces por habitante que Alemania, o la de facilitar la prescripción de delitos al alargar los procesos por excesivo garantismo.
Pero la mayor y peor desgracia de la justicia española es la existencia de esas camarillas de jueces y fiscales ideologizados, sobre todo los “progresistas” o “para la democracia”, estos últimos desgajados de la APM, acusándola de rigorista, a partir de 1983.
Esas minorías ven al bandido como víctima de la sociedad, como un opositor a Franco: pocos se enfrentan a esa moral superior.
