He aquí un caso sencillo por el que el PP podía empezar a ejercer la regeneración nacional que promete, y para la que le pide colaboración al PSOE.
Brunete, de unos 10.000 habitantes, es un pueblo a 30 kilómetros de Madrid con menos de la mitad del desempleo español, el 10 por ciento, con el 20 por ciento de titulados universitarios y con mayor renta que la media de la Comunidad, la tercera más rica tras Euskadi y Navarra.
Allí se desarrolló una de las batallas más cruentas de la guerra civil. Gobernado ahora por el PP en minoría su alcalde quiso alcanzar la mayoría corrompiendo a una concejal de UPyD que, extrañamente, tardó dos años en denunciar el caso: ya se sabrá por qué.
Lo importante: la concejal grabó a Borja Gutiérrez Iglesias prometiéndole concederle lo que le pidiera, especialmente nuevos y mejores trabajos para ella o sus familiares, si se unía al PP. La grabaciones entregadas a la prensa por María Isabel Cotrina Mesa son incontrovertibles, tengan o no valor legal. Lo tienen político, y en una democracia sana forzarían a la dimisión inmediata del aspirante a corruptor.
Pero no: Gutiérrez Iglesias se niega a dimitir, dice que denunciará a la concejal y se justifica alegando que promesas como las suyas “son comunes” en la vida política.
Dice la verdad, y aquí radica la base de la descomposición de prácticamente todas las instituciones públicas españolas: la corrupción, pequeña o grande, es común, general.
La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, no ha pedido la dimisión del alcalde, que se sepa, y por mucho que Mariano Rajoy hable de regeneración de España nadie puede creerle si no empieza con la de Brunete como ejemplo para millares de casos, iguales o peores.
