Quien viaja por Europa y charla con ciudadanos de diferentes países observa un miedo creciente por su seguridad, sensación menos detectable en España, quizás porque desde las masacres de los trenes del 11 de marzo de 2004 no se han sufrido grandes atentados yihadistas, o porque estamos algo curados de espanto aún al mantener el recuerdo de los asesinatos de ETA.
La sensación de seguridad en España viene dada, sobre todo, por un cierto orden social que los populismos gochistas modelo Podemos llaman represión, y que mantiene en las cárceles a gran número de delincuentes, muchos más proporcionalmente que la justicia de esos otros países donde sus habitantes se sienten más inseguros.
La exjueza Manuela Carmena, alcaldesa de Ahora Madrid, filial de Podemos, afirmaba hace unos meses que alrededor del 85 por ciento de los presos en España deberían estar libres, idea dominante hasta hace poco en lugares tan libres como Francia u Holanda, y que aceleró el crecimiento de la extrema derecha.
En Europa se han sumado la delincuencia común tratada con lenidad siguiendo ideas como las de Carmena, progresistas pero simultáneamente liberticidas para el común de los ciudadanos, y la del terrorismo yihadista, al que no se atreven a atacar explotando sus tabúes y miedos religiosos, como anunciar que se mancillarán los cadáveres de sus asesinos para privarlos del Paraíso.
Sólo la ultraderecha, en Francia la familia Le Pen, pero el fenómeno se extiende como una mancha por Centroeuropa, prometen atacar las raíces de esos miedos a la delincuencia común y al terrorismo islamista.
Añadamos su nacionalismo, sus promesas de autarquía y de proteccionismo económico: todo atrae a los aterrorizados que olvidan que, con la supuesta seguridad, la ultraderecha acarrea un temible autoritarismo fascista.
