Cinco de los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional se han rebelado contra la ley, lógicamente aprobada por la mayoría parlamentaria, que restringe su jurisdicción universal e invitan así a la sociedad a desobedecer cualquier otra legislación, inicio de la destrucción de toda democracia.
Los magistrados se niegan a acatar esa nueva ley que revoca, por ejemplo, la orden de detención ya emitida contra un expresidente chino y otros dirigentes del gigantesco país por un supuesto genocidio en el Tibet.
Con igual y ridícula pretensión deberían encausar a todos los políticos chinos, pero no sólo por el Tibet, sino por las decenas de millares de muertos producidos por el régimen comunista desde 1949.
También deberían ordenar la detención de los hermanos Fidel y Raúl Castro, acusados de múltiples crímenes, pero los mismos jueces rechazan encausarlos.
Los imitadores del inhabilitado por prevaricación Baltasar Garzón son tropel. Tras su éxito parcial con la detención domicilia de Augusto Pinochet en Londres entre 1998 y 1999, esos jueces, cabecita de alfiler en un mundo gigantesco, le imitaron creyendo que con las leyes españolas podían detener el planeta.
Presumen de querer arreglar la política y la justicia universales, pero enemistan al Estado con otros países, con la pérdida de mercados, trabajo y riqueza, como es el caso de China.
Para justificarse alegan ahora que con la nueva ley deben liberar a narcotraficantes capturados innecesariamente en aguas internacionales, porque al estar vigilados podían haberlos detenido al entrar en aguas españolas o de los países de destino, con su colaboración.
Si los mismos jueces desacatan leyes, la Generalidad Catalana, que se niega a aplicar las sentencias del Tribunal Supremo, se llena de razón ahora al insubordinarse contra ellas para atentar contra la democracia.
