Un juez de Barcelona, Juan Emilio Vilà, ha imputado al director de un periódico de Madrid por publicar los nombres y las fotografías del DNI de 22 de los 30 jueces que se adhirieron a la exigencia de celebrar el referéndum ilegal para la independencia catalana.
Treinta servidores del Estado obligados a respetar la Constitución se han unido para traicionarla y desmantelarla. El poder de un juez español es temible. El Estado ha confiado en él de manera que puede enviar a prisión a cualquier ciudadano con una firma y sin mayores razonamientos, con excepción de los aforados, unos 10.000 políticos y altos funcionarios, entre ellos otros jueces.
El aforamiento existe en España, precisamente, para evitar que cualquier juez se salga de sus funciones y envíe a altos mandatarios a la cárcel por capricho o indicios delictivos, sin seguir los procedimientos. En otros países hay menos aforados porque sus Constituciones le conceden menor poder a sus jueces. Hasta el poderoso expresidente de Cajamadrid, Miguel Blesa, fue a prisión por capricho del juez aspirante a estrella Elpidio Silva, que aplicó irregularmente su potestad, por lo que ahora está procesado.
Quizás Blesa acabe en la cárcel, pero deberá ser por el procedimiento debido. Cualquier juez puede meternos porque sí en prisión, y si somos gente anónima y no ricos y poderosos, como Blesa, nos pasaremos meses encerrados por robarle la novia a uno de ellos, como le ocurrió al donjuán de un pueblo mediterráneo.
Esa inmensa autoridad debe tener un precio. Y si los jueces abusan de ella deben ser denunciados públicamente ante el pueblo al que podrían encarcelar haciendo un gesto.
