El senador separatista catalán Santiago Vidal, juez suspendido por elaborar la Constitución de la supuesta República Catalana, ha detallado desde noviembre en cinco conferencias cómo será ese nuevo país, construido según afirma con la tolerancia del Partido Popular y del PSOE, que ven imposible evitar el referéndum independentista. Afirma que tras robarle a Hacienda la información de todos los contribuyentes catalanes montará rápidamente el Estado catalán para el que cuenta con funcionarios leales, seleccionados tras espiarlos individualmente: está naciendo un estado policial. El juez admite que toda esa estructura de impuestos, justicia, policía, economía o relaciones exteriores propias se logró delictivamente; pero de seguir Cataluña en España en 2018, cuando concluirá su suspensión, este malhechor autoinculpado volverá a juzgar ciudadanos. En sus conferencias, resumidas por Cristina Segura, de El País, afirmó que los senadores Javier Arenas, popular, y los socialistas José Montilla y Joan Lerma, le pidieron que transmitiera a Puigdemont y Junqueras “de parte del PP y del PSOE” que aceptan el referéndum independentista porque “no hay quien lo pare”.
Vidal anuncia que, celebrado ese sufragio el próximo septiembre, 11 de los 28 países de la UE reconocerán en octubre la República Catalana, y un mes después lo hará España. A España, además, le interesará que Cataluña siga en la UE y en la OTAN porque su deuda externa, asegura, no puede pagarse sin la parte correspondiente a la nueva República.
Esta apasionante historia de espías y policías secretos formados según explica por potencias extranjeras parece creación de un desequilibrado, y quizás Vidal lo sea. Pero estamos en tiempos tan alocados, inseguros y desconcertantes que los jueces en ejercicio deberían llamarlo a testificar sobre sus delitos y su sedición, y Gobierno y PSOE explicar su supuesta rendición.
