Poco a poco los europeos van cediéndole a sus policías el control de algunas libertades intocables, como la de la inviolabilidad de la correspondencia o las comunicaciones, y lo hacen sin protestar porque creen que así los protegen mejor del terrorismo yihadista. En Francia ha ocurrido algo imprevisible en una de las democracias más viejas del mundo: el día 4 la Asamblea Nacional autorizó el espionaje masivo de los ciudadanos sin necesidad de orden judicial con 438 votos a favor, sólo 85 en contra y 42 abstenciones.
La ley permite vigilar y rastrear comunicaciones telefónicas y telemáticas sin autorización judicial para prevenir nuevos ataques yihadistas como los de París del 7 de enero, que provocaron 17 muertos, entre ellos 11 en el semanario Charlie Hebdo. El Gobierno español había estudiado incorporar en enero esas medidas en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero la duda sobre su constitucionalidad expresada por el Poder Judicial y la oposición logró retirar el proyecto.
No obstante, hay casos excepcionales en los que esa misma Ley preveía anteriormente que el ministro del Interior pudiera intervenir las comunicaciones, pero sólo a supuestos terroristas durante 72 horas antes de comunicárselo a un juez, que luego exigiría demostrarle que esa vigilancia estaba muy motivada. Como consecuencia, cuando sólo hay dudas y no certezas sobre su actividad, la autorización es inaplicable y los presuntos yihadistas tienen más garantías de intimidad en España que en Francia. El PSOE se sumó el pasado febrero a un pacto antiterrorista propuesto por el PP, pero no otros partidos. Un pacto con bastantes más limitaciones a la policía que en otros países de Europa que legislan aceleradamente como en Francia.
La yihad está llevándonos casi inopinadamente hacia una Europa de protectores estados policiales.
