Durante el funeral de Estado del 31 de marzo por el primer ministro de la democracia, Adolfo Suárez, el cardenal Rouco Varela recordó en su homilía que había evitado “hechos y actitudes que causaron la Guerra Civil, y que la pueden volver a causar”.
Esas quince palabras provocaron convulsión y rechazo en todas las fuerzas políticas, con excepción del PP. Todas lo conminaron a que no entrara en asuntos no religiosos.
Paralelamente la Assemblea Nacional Catalana (ANC), organización privada que de momento tiene 51.000 socios que influyen decisivamente en la Generalidad, preparaba su programa definitivo para imponer el referéndum separatista en 9 de noviembre y proclamar la independencia el 23 de abril de 2015.
Y aprobaba definitivamente este último sábado en Tarragona la toma del control “se oponga quien se oponga” de puertos, aeropuertos, fronteras, policía y medios de comunicación ese 23 de abril: una revuelta, un golpe de Estado.
La ANC es la que organizó el 11 de septiembre en la fiesta de Diada, a 1,6 millones de personas según la Generalidad en una cadena humana de unos 400 kilómetros desde la frontera de Francia hasta la Comunidad valenciana, territorio que quiere anexionar a Cataluña, igual que de Murcia y Aragón, y las islas Baleares.
Artur Mas y su Generalidad parece que no podrán echarse atrás en su independentismo. Las milicias populares de la ANC, como podríamos llamarles, siguen creciendo y calentando la emotividad patriotera.
Pero el Estado no puede entregar sus poderes y las armas con las que los defiende.
Luego, Rouco tiene razón: el independentismo está reviviendo el levantamiento de Lluís Companys de 1934, apaciguado con las armas, aunque sólo hasta 1936, cuando Franco inició la guerra civil tras avisos tan alarmistas como los del arzobispo de Madrid.
