Uno de los mejores ejercicios de memoria sobre la historia española es el análisis del curriculum de los antepasados de quienes presumen que fueron antifranquistas, como los de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, que no mintió hace un par de días en Paraguay al afirmar que su padre fue un represaliado, pero que ocultó sus leales servicios posteriores al dictador. Ella, como muchos políticos de izquierdas, no quiere admitir que son fruto de pactos entre unos y otros, como el mismo Rodríguez Z., que evoca públicamente a su abuelo paterno, rojo fusilado, y silencia al materno franquista.
Cuando los actuales socialistas reinventan la memoria histórica, presumiendo de no haberse beneficiado del franquismo, pretenden situar a la derecha como única heredera del dictador, cuando a veces puede probarse lo contrario.
No ocurrió igual con el abuelo de Mariano Rajoy, el galleguista Enrique Rajoy Leloup, también represaliado, que perdió su cátedra en Oviedo y nunca pudo recuperarla.
Más de la mitad del Gobierno de Zapatero proviene de familias con notables servidores del franquismo, pero que lo ocultan con mefítico complejo de culpa, como De la Vega.
Pero ellos no son responsables de no descender de los perdedores, quienes, si hubieran ganado, no habrían sido mejores que los franquistas porque los españoles fueron así de violentos, como lo prueba la existencia de ETA.
