Monseñor Arguello, secretario y portavoz de la Confederación Episcopal española, compareció hace un par de días ante los representantes de los medios de comunicación para informar de las tomas de decisión adoptadas por los obispos al final de su último e importante plenario. Luis Javier Arguello –uno de los eclesiásticos con mayor prestigio y carrera más brillante de todo el clero nacional- sorprendió a los asistentes con una declaración tan sorprendente como trascendental. El prelado vallisoletano advirtió que la Iglesia rechazaba formar parte de la comisión creada por el Defensor del Pueblo aunque expresaba al tiempo el acuerdo de total colaboración con el departamento para ayudarle a llevar a cabo su tarea. Los obispos abrirían los archivos diocesanos a la tarea de los encuestadores y no pondrían traba alguna al desarrollo de la instrucción, añadiendo sin embargo que en los mencionados archivos pocas cosas de auténtico valor estaban depositadas. El portavoz advertía de que tales archivos estaban valorados en exceso y que escasa información de verdadero provecho para la causa iban a encontrar los investigadores.
Se trata de un juicio de valor muy en la línea de la diplomacia vaticana que puede ser susceptible de controversia pero que no sorprende. Sí sorprende sin embargo el motivo esgrimido por los obispos para desvincularse de la comisión. La Conferencia Episcopal se quejaba de que se investigaran solamente los abusos presuntamente cometidos por la Iglesia sin ampliar el campo de la pesquisa a otros aspectos de la sociedad española, un comportamiento que los prelados consideraban injusto. Es una razón que tiene poco de razonable porque precisamente es la aparición constante de casos de abusos cometidos por personal eclesiástico a lo largo de años lo que ha desencadenado el escándalo y ha teñido de ignominia la trayectoria de la Iglesia católica. Y es además el silencio cómplice de la autoridad eclesiástica y su completo desentendimiento del problema el factor que en mayor medida lo ha agravado. La Iglesia carga con esa monstruosa lacra sepultada en la opacidad absoluta durante siglos y tendrá que cargar con la culpa y lavarla. Del resto de los abusos ya se ocupan policías, jueces y fiscales como de otros tantos delitos. Que cada palo aguante su vela.
