La lacra de la corrupción entre la clase política no distingue ni de posicionamientos, ni de ideologías, ni de colores, y vamos saltando de una formación a otra para comprobar las desastrosas consecuencias que han tenido para el país esos deseos feroces de enriquecimiento ilícito que han acabado mostrando la peor cara de cada una de las casas. La creciente certeza de que no quedan muchos espacios institucionales de los que fiarse ha precipitado este cambio brutal que han dictado las urnas. Paradójicamente sin embargo, el epicentro de la corrupción más vergonzosa que es Andalucía se ha sacudido en menor medida y las elecciones autonómicas ha vuelto a ganarlas el PSOE. Se trata de una comunidad que no ha conocido otra fuerza política gobernando desde que se estableció el régimen autonómico. La investigación desarrollada por las divisiones especializadas en delitos económicos y los tribunales que instruyen la causa calculan que el montante del dinero repartido en el fraude de los Ere de Andalucía roza los novecientos millones de dinero estrictamente público, lo que convierte esta operación fraudulenta en la mayor de toda la historia de España.
Por fortuna, y aunque por razones absurdas se ha ido solapando en el tratamiento otorgado por los medios de comunicación, un juez de la Audiencia Nacional llamado Alberto Barreiro firmaba el pasado jueves un auto demoledor en el que, además de desmontar una por una las absurdas razones esgrimidas durante meses por Chaves, Griñán, Zarrías y Viera para ir librando el banquillo de los acusados, pronuncia un irreprochable alegato en favor de la ética que debería sacar los colores al PSOE andaluz hasta las raíces de los cabellos. Barreiros no escatima argumentos para avergonzar a un partido y unos sindicatos que convirtieron Andalucía en una huerta subordinada a sus propios intereses y cautivaron el voto a base de mordidas, juegos de intereses y tráfico de influencias. Es un auto ejemplar que desmonta el entramado engañoso de esta banda de inmorales sobre cuyo pescuezo el cerco de la justicia se estrecha cada vez más. El proceso lo inició la jueza Alaya pero la Audiencia Nacional ha roto con el escudo del aforamiento y, para su desventura, va a por todas.
