Cuando en los tiempos de la Transición los padres de la patria diseñaron los principios de nuestro Estado de las Autonomías y le dieran a aquel proyecto rango constitucional estaban respondiendo a unas exigencias de carácter ideológico más que a cualquier otra cosa porque la presión de las regiones con mayor sentido de sus propias señas de identidad se produjo a tope y los redactores de la Carta Magna sospecharon con dudoso fundamento que si rebajan el techo de sus apetencias incurrirían en un error muy grave consistente en meter el palo en el agujero del panal donde moran las abejas. Por tanto, crearon una disposición territorial de carácter político y se olvidaron de otras muchas cosas entre la que no son poca parte aspectos como la transacción de competencias y sobre todo, quien pagaba aquella fiesta. La base sobre la que ha descansado la articulación del territorio nacional se manifiesta ahora como rotundamente imperfecta y en algunos casos incluso inconstitucional. Es muy probable que en su afán por contentar a las autonomías más beligerantes, los arquitectos de este edificio no pusieran objeción alguna al trasvase de determinadas funciones que nunca debieron ser trasferidas. De hecho y como se fue comprobando paulatinamente a medida que transcurría el tiempo, la transferencia de apartados como la Educación, la Sanidad y aspectos muy sensibles de las Finanzas y la política tributaria se manifestaron como un error de bulto que en lugar de fomentar la solidaridad entre los españoles fue al revés y contribuyó decisivamente a sembrar la desigualdad y el individualismo más feroz.
Hoy esas alegrías sin sentido se están pagando a precio de oro. Los centros educativos españoles están en la cola de los europeos tanto los públicos como los privados, el sistema de atención a los enfermos es mejor o peor en dependencia de la demarcación a la que uno pertenezca, y lo que ya es absolutamente inadmisible, los impuestos –el de trasmisiones es un ejemplo máximo de disparate- son completamente distintos en dependencia de las comunidades en las que se satisfagan. Las herencias pagan un precio muy razonable en Madrid y escandaloso en Cataluña y Andalucía hasta el punto de que el hecho vulnera el espíritu constitucional. Habrá que arreglarlo porque la Constitución dice que los españoles son iguales ante la ley. Y a la vista de este desequilibrio atroz, eso no es cierto.
