Escuchar al ministro de Justicia explicar a micrófono abierto los motivos por los que el Rey no fue a Barcelona para no crispar el ambiente y ahora sin embargo si va para serenarlo es un ejercicio para el que no vale todo el mundo. La bochornosa actuación de un Gobierno que prohibió al jefe del Estado el acceso a una ciudad de su propio territorio en función de los intereses que apetecía y necesitaba –tenía que contentar a los independentistas catalanes para incitarlos a que apoyaran sus presupuestos, un apoyo que los catalanistas aún no han concedido- ha conseguido reconocer e institucionalizar situaciones que atentan directamente contra la ley –un comportamiento delictivo del presidente de la comunidad que le ha valido la inhabilitación, y un referéndum ilegal cuyo aniversario se celebra entre algaradas secesionistas- permitiendo de paso el desarrollo de una campaña feroz enarbolada contra el monarca por un vicepresidente y un ministro de su propia Corona, situación completamente nueva al menos en Europa para un sistema de Monarquía Parlamentaria. Este Gobierno que no toma medida alguna ante una estrategia de desprestigio contra el monarca, es el que considera que insultar y humillar a Felipe VI se enmarca dentro del principio de la libertad de expresión, y dar vivas en su honor es atentar contra el principio de convivencia. Garzón habló públicamente del Rey en términos muy hirientes y al Gobierno le pareció muy bien. Los jueces echaron de menos su presencia y lanzaron vivas en su favor, y al Gobierno le pareció un desafuero –se pasaron tres pueblos según el ministro-. Conviene recordar que al Rey, por mandato constitucional, le está prohibido defenderse.
Pero si todos estos hechos no fueran por si solos ejemplo de deslealtad y vergüenza, el panorama se ha completado con el propio titular de Justicia haciendo el ridículo en las ondas para tratar de explicar este y otros muchos hechos injustificables. Y sobre todo, es el presidente Sánchez quien le ha puesto la guinda al delirante pastel. Un viaje a Barcelona improvisado sobre la marcha en el que monarca y presidente del Gobierno asistirán juntos a un acto empresarial al que el Ejecutivo da ahora el visto bueno porque cree que hoy ya sí se puede. Estas actuaciones acabarán pasando factura, naturalmente. Todavía no, desde luego. Pero el día llegará.
